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FEB 2015

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Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Administración Pública Federal, a regularizar la situación jurídica de la Secretaría de la Función Pública.

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal

La suscrita, diputada federal Magdalena Núñez Monreal, secretaria de la Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, que tiene como objetivo exhortar al titular de la administración pública federal a regularizar la situación jurídica de la Secretaría de la Función Pública, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Al inicio de la actual administración, por iniciativa del Presidente de la República, el Poder Legislativo reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual desapareció a la Secretaría de la Función Pública. El artículo 26 ya no la contempla.

“Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Turismo, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.”

Fue en el segundo artículo transitorio del decreto correspondiente, que se estableció con relación a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública que estas entrarían en vigor a la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se proponía crear en materia de anticorrupción entrara en funciones y por lo tanto la Secretaría de la Función Pública continuaría ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 2 de enero de 2013.

Es un hecho notorio, para esta Soberanía, que con la designación del nuevo titular de la dependencia del Ejecutivo Federal denominada Secretaría de la Función Pública, queda en el limbo el artículo transitorio al que he hecho mención, y en un estado de Derecho, debe haber claridad con relación a la competencia de los órganos de gobierno.

Por competencia ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe entenderse “la facultad o capacidad que tienen las autoridades para conocer y decidir sobre determinadas materias”.

Más allá del debate con relación a si un servidor público designado por el titular de la administración pública federal, tiene independencia o no para actuar imparcialmente en la investigación de determinados hechos que involucran a su superior jerárquico, es indispensable definir la situación jurídica de la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de que los posibles afectados con sus determinaciones tengan los elementos indispensables para ejercer ante las autoridades correspondientes los medios de defensa que prevé nuestro orden jurídico.

Con relación a las responsabilidades de los servidores públicos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus numerales 109 y 113 lo siguiente: “Art. 109.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las Leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones... III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones...” “Art. 113.- Las Leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las Leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos y obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.”

De lo anteriormente señalado, es indudable que las responsabilidades de los servidores públicos es una materia de competencia constitucional, por lo cual si la Secretaría de la Función Pública, es en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal la que tiene la atribución específica para conocer y decidir respecto a esas responsabilidades de carácter administrativo de los servidores públicos, la Ley Orgánica correspondiente debe precisar con claridad sus atribuciones para conocer sobre asuntos de esa índole, y como se ha señalado, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en vigor no contempla a la Secretaría de la Función Pública y solo hace referencia a ella en un artículo transitorio.

Por lo tanto, el asunto litigioso relativo a la investigación de diversos inmuebles propiedad del presidente de la República, de su cónyuge y del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el probable conflicto de intereses que pueda determinar o no la dependencia denominada Secretaría de la Función Pública, podría ser desestimado por un órgano jurisdiccional competente al haber sido encausado por un órgano administrativo a todas luces irregular dese el punto de vista del Derecho Constitucional y Administrativo.

De ahí, la importancia de que el presidente de la República, directamente interesado en dilucidar los hechos que motivaron la designación del recientemente designado Secretario de la Función Pública, proceda a la brevedad a regularizar la situación jurídica de dicho órgano administrativo, puesto que por razones de seguridad jurídica para él y todos los mexicanos es necesario fijar parámetros y reglas procesales que generen equidad entre las partes contendientes en un juicio, y el artículo segundo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, podría ser contrario al derecho humano de acceso a la justicia, lo cual representaría una violación a los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la administración pública federal a regularizar la situación jurídica de la Secretaría de la Función Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero de 2015

Diputado Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
Diputada de representación proporcional por la segunda circunscripción, Zacatecas, es Secretaría de la Mesa Directiva.

 

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