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FEB 2015

12

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Soberanía, para que se realice un proceso de consulta a la sociedad civil, expertos y diversas fuerzas políticas, respecto a la reforma en materia de combate a la corrupción.

Dip. Lilia Aguilar Gil

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde su campaña por la presidencia de la República, el ciudadano Enrique Peña Nieto se comprometió a crear una Comisión Nacional Anticorrupción y un Consejo Nacional para la Ética Pública.

A finales del año 2012 y a lo largo de 2013 se propusieron en el Senado diversas fórmulas de la creación de un órgano autónomo de combate a la corrupción.

De forma paralela, el 2 de enero de 2013 se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en la cual se contempla la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, previéndose el traspaso de facultades a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (coordinación de las unidades de auditorías preventivas y supervisión del sistema de control gubernamental, equivalentes a los órganos internos de control Indaabin, registro de servidores público); asimismo se contempla la descentralización del sistema de control y auditorías que estarán a cargo de los titulares de las dependencias y entidades, sobre los cuales tienen competencia.

Sin embargo se previó que dicha reforma sólo entraría en vigor hasta que empezaran las funciones del órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción.

El 13 de diciembre de 2013, la Cámara de Senadores aprobó por 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, 107, 109, 113, 114 y 116 y se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con dicha reforma se prendió la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, como organismo público autónomo, encargado de prevenir, investigar y sancionar, en la vía administrativa, los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos de la Federación.

Así, el 4 de febrero de 2014 se recibió la minuta referida en el párrafo precedente en la Cámara de Diputados y fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Transparencia y Anticorrupción.

Para reforzar el análisis de la minuta, se llevaron a cabo dos foros, el 19 de marzo y el 9 de abril de 2014 respectivamente. En estos eventos, expertos nacionales en materia de transparencia y combate a la corrupción fueron convocados para dar su opinión respecto a la creación de una Comisión Anticorrupción.

A pesar de este indicio de apertura de la discusión, dichas opiniones no fueron puestas en práctica. La propuesta de crear un órgano autónomo de combate a la corrupción fue desechada y en su lugar se empezó a impulsar la idea de un Sistema Nacional Anticorrupción bajo la propuesta del Partido Acción Nacional.

El Partido Acción Nacional ha señalado que su propuesta recoge las observaciones de la sociedad civil, sin embargo, dicha propuesta no se ha abierto a la discusión de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, la sociedad civil organizada y no organizada, la academia y la opinión pública.

El Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática han realizado iniciativas en el tema de combate a la corrupción sin que estas hayan sido tomadas en cuenta, como se puede advertir del proyecto en materia de combate a la corrupción, que no llegó a ser discutido en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Nuestro compromiso de combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia debe de iniciar en el proceso legislativo, con un parlamento abierto y transparente.

La sociedad civil debe de ser el centro de la actividad legislativa, por lo que es indispensable que la discusión de las estrategias de combate a la corrupción sea sometida a un proceso de discusión abierto, transparente e incluyente.

Por lo anteriormente descrito, se presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Resolutivos

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable Cámara a llevar a cabo foros a fin de informar, involucrar y consultar a la sociedad civil organizada y no organizada en las discusiones relativas a la reforma en materia de combate a la corrupción.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable Cámara a llevar a cabo un foro con expertos nacionales e internacionales en materia de combate a la corrupción para que den sus opiniones respecto a los mecanismos propuestos por todas las fuerzas políticas en el Poder Legislativo, así como por la sociedad civil, para hacer frente a la corrupción en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2015.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Diputada de representación proporcional por la primera circunscripción, Chihuahua. Es secretaria de la Comisión de Economía e integrante de las de Justicia y Radio y Televisión.

 

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