Youtube Facebook Twitter Home
 

OCT 2014

28

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la CONAFOR, a fin de implementar un programa específico para impulsar sus proyectos y actividades en los municipios que agrupa la Coordinadora de Autoridades Locales del Partido del Trabajo, A.C..

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal

La suscrita, diputada federal Magdalena Núñez Monreal, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y miembro del grupo de diputadas y diputados municipalistas, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Comisión Nacional Forestal a implementar un programa específico para impulsar sus proyectos y actividades en los municipios que agrupa la Coordinadora de Autoridades Locales del Partido del Trabajo, AC, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las aspiraciones de la Constitución de mil novecientos diecisiete fue procurar la autonomía municipal. Sin embargo y a pesar de las reformas al artículo 115 constitucional que se han realizado desde entonces por el Constituyente Permanente encaminadas a tan importante propósito, en la realidad política de la vida municipal el centralismo continúa imperando y aun se pretende impulsar el desarrollo municipal desde el ámbito del gobierno federal, con el apoyo paternalista de los gobiernos locales, obstruyendo la posibilidad de contribuir a un auténtico federalismo.

La reforma constitucional del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve al artículo 115 de la Constitución Federal, propició el reconocimiento expreso del municipio como ámbito de gobierno, aumentando de manera preponderante sus atribuciones.

Con anterioridad a la reforma referida, los ayuntamientos no podían hacer una aportación normativa propia que respondiera a sus distintas necesidades y realidad social, fue a partir de la misma que se fortaleció y consolida el ámbito municipal, reconociéndose a los ayuntamientos de manera expresa el carácter de órganos de gobierno, al sustituir el término “administrado” por “gobernado” en la fracción I.

Se consolidó su facultad reglamentaria en los temas referidos en la fracción II, además de la limitación del contenido de las leyes estatales sobre cuestiones municipales.

En la fracción III se contiene un reconocimiento de competencias exclusivas en materia de servicios y funciones públicas, sustituyéndose el concurso del Estado en dicha competencia por la posibilidad de celebrar convenios para la asunción de una función o servicio público por parte del Estado, cuando medie solicitud del ayuntamiento, así como el incremento del catálogo de funciones y servicios, además de la posibilidad de coordinación intermunicipal para estos temas, existiendo incluso la posibilidad de asociación entre municipios de diversos Estados.

Se amplió la facultad de iniciativa en lo referente a tributos relacionados con la propiedad inmobiliaria en la fracción IV, limitando los supuestos de exención determinados constitucionalmente respecto de las contribuciones municipales.

En lo concerniente al catálogo de facultades que en el sistema constitucional de concurrencia regula la fracción V del artículo 115, además de las facultades con las que ya gozaban en materia de aprobación y administración de los planes de desarrollo urbano, se adicionó la de participar en la formulación de planes de desarrollo regional, así como la obligación de la federación y del estado de asegurar la participación de los municipios en ésta; autorizar el uso del suelo adicionalmente a las facultades de control y vigilancia que ya tenía; participar en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento de zonas de reservas ecológicas, además de sus facultades de creación y administración de éstas; intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial y celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

Además la transmisión del mando de la policía preventiva municipal del Gobernador al presidente municipal, quien sólo acatará las órdenes del primero en los casos que aquél juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público, así como la habilitación al reglamento municipal en esta materia en la fracción VII.

De esta manera, se amplió de manera importante la esfera de atribuciones de los municipios.

Actualmente, los municipios están facultados para emitir bandos de policía y gobierno, una nueva categoría de reglamentos que les permiten fungir con sus nuevas facultades, en la medida en la que ahora les corresponde normar lo relativo a la organización y funcionamiento interno del Municipio, en lo que atañe a las cuestiones específicas, y están dotados de competencia para emitir circulares y disposiciones administrativas de observancia general.

El Tribunal Pleno se ha pronunciado en el sentido de que existe un orden jurídico cuando un órgano de gobierno cuenta con asignaciones competenciales propias derivadas de la Constitución federal que, por lo general, son excluyentes entre sí, contando con autonomía para su ejercicio.

Este reconocimiento a un orden jurídico propio del Municipio, de ninguna manera soslaya su relación con los otros órdenes jurídicos, lo que significa que el municipio está sujeto al orden nacional, es decir, debe respetar la Constitución federal, los tratados internacionales, y las leyes federales, así como las Constituciones y leyes estatales.

Pero de la misma manera los órdenes de gobierno federal y estatal, deben reconocer la existencia del orden municipal y en consecuencia contribuir a su desarrollo, por lo tanto, desde mi punto de vista, es responsabilidad de la administración pública centralizada y paraestatal, tanto en el orden federal como estatal, así como de los propios órganos constitucionales autónomos, establecer los mecanismos necesarios en el ámbito de su competencia para transferir al municipio facultades, junto con los recursos necesarios, para que el gobierno municipal pueda ponerlos al servicio de la sociedad y de esta manera fortalecer el ámbito competencial del Municipio.

Lo anterior se desprende del análisis de la controversia constitucional 14/2001, cuyo engrose solicito se tenga por reproducido como si a la letra se insertase, en el momento en que se proceda a la elaboración del dictamen correspondiente, ya que en ella se sostuvo que la autonomía municipal se constituye por un conjunto de atribuciones, por una delimitación orgánica y por un cúmulo de recursos, para el mejor ejercicio de las funciones que le corresponden.

Derivado de lo anteriormente expuesto considero que las entidades paraestatales de la administración pública federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, deben contribuir al fortalecimiento del municipio.

La Comisión Nacional Forestal , es un organismo público descentralizado que tiene como objetivo desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes, programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 8º señala que a los municipios corresponden, entre otras, las siguientes facultades:

I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;

II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados;

III. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno del estado;

IV. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;

V. La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local;

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal;

VII. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados;

VIII. La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella previstos, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas;

IX. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley;

X. La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;

XI. La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XII. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en materias y supuestas a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este artículo;

XIII. La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia ambiental;

XIV. La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial;

XV. La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente;

XVI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y

XVII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación o a los Estados.

Asimismo, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en el primer párrafo del artículo 8º consigna que “La Federación, las Entidades Federativas y los Municipios establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Servicio Nacional Forestal, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales para la atención eficiente y concertada del sector forestal.”

Mientras que en su artículo 15 hace referencia a las atribuciones de los Municipios en la materia:

I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, la política forestal del municipio;

II. Aplicar los criterios de política forestal previstos en esta Ley y en las Leyes locales en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente reservadas a la Federación o a los Estados;

III. Apoyar a la Federación y al Gobierno de la Entidad, en la consolidación del Servicio Nacional Forestal;

IV. Participar en el ámbito de sus atribuciones, en el establecimiento de sistemas y esquemas de ventanilla única de atención eficiente para los usuarios del sector;

V. Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Municipal Forestal y de Suelos, bajo los principios, criterios y lineamientos que se establezcan para el Inventario Estatal Forestal y de Suelos e incorporar su contenido al Sistema Estatal de Información Forestal;

VI. Participar, en coordinación con la Federación en la zonificación forestal, comprendiendo las áreas forestales permanentes de su ámbito territorial;

VII. Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal:

VIII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en materia forestal;

IX. Expedir, previo a su instalación las licencias o permisos, para el establecimiento de centros de almacenamiento o transformación de materias primas forestales en el ámbito de su competencia, considerando los criterios de política forestal establecidos en esta Ley;

X. Diseñar, desarrollar y aplicar incentivos para promover el desarrollo forestal, de conformidad con esta Ley y los lineamientos de la política forestal del país;

XI. Participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios forestales en coordinación con los gobiernos federal y estatal, y participar en la atención, en general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección civil;

XII. Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia;

XIII. Desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de plantas;

XIV. Llevar a cabo, en coordinación con el Gobierno de la Entidad, acciones de saneamiento en los ecosistemas forestales dentro de su ámbito de competencia;

XV. Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura en las áreas forestales del municipio;

XVI. Promover la participación de organismos públicos, privados y no gubernamentales en proyectos de apoyo directo al desarrollo forestal sustentable;

XVII. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con los gobiernos federal y de las entidades federativas, en la vigilancia forestal en el municipio;

XVIII. Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, y en su caso denunciar, las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal;

XIX. Participar y coadyuvar en los programas integrales de prevención y combate a la extracción ilegal y a la tala clandestina con la Federación y el gobierno de la entidad;

XX. Regular y vigilar la disposición final de residuos provenientes de la extracción de materias primas forestales en los términos establecidos en esta Ley, y

XXI. La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal sustentable les conceda esta Ley u otros ordenamientos.

Durante la presente anualidad, el Partido del Trabajo impulsó la conformación de la Coordinadora de Autoridades Locales del Partido del Trabajo, AC, que agrupa a los municipios en los que dicho instituto político es gobierno y que a la fecha suman 56, los cuales requieren el apoyo de la Comisión Nacional Forestal, de ahí que la impetrante de la presente proposición considera indispensable que la Comisión Nacional Forestal , con base en sus atribuciones a las que me he referido, establezca un programa específico que permita a las autoridades municipales integradas en la Coordinadora de Autoridades Locales del Partido del Trabajo, AC, impulsar en sus circunscripciones las acciones que lleva a efecto dicho organismo descentralizado, en el entendido de que la Coordinadora de Autoridades Locales del Partido del Trabajo, AC, al haberse constituido representa una instancia para coadyuvar con la administración pública centralizada y paraestatal en la instrumentación de sus proyectos y actividades.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional Forestal a implementar un programa específico para impulsar sus proyectos y actividades en los municipios que agrupa la Coordinadora de Autoridades Locales del Partido del Trabajo, AC.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.

Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
Diputada de representación proporcional por la segunda circunscripción, Zacatecas, es Secretaría de la Mesa Directiva.

 

Conoce su trabajo legislativo:

ÚLTIMAS INTERVENCIONES DEL GPPT