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DIC 2014

05

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Baja California, a fin de que los trabajadores del gobierno y municipios del citado Estado, que deseen acogerse al beneficio de la jubilación, vean respetado en tiempo y forma su derecho, conforme a la normatividad aplicable.

Dip. Jaime Bonilla Valdez

El que suscribe, Jaime Bonilla Valdez, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El acceso a un nivel adecuado de protección social es un derecho fundamental de todos los individuos reconocido por las normas Internacionales del trabajo y por las Naciones Unidas. Además, es considerado un instrumento para la promoción del bienestar humano y el consenso social, que favorece la paz social y es indispensable para lograrla, por lo tanto, para mejorar el crecimiento equitativo, la estabilidad social y el desempeño económico, contribuyendo a la competitividad.

Como parte del derecho a la protección social se tiene el derecho a gozar de una pensión o jubilación que garantice el poder contar con una vida en condiciones dignas, máxime cuando esta jubilación es fruto de décadas de servicio en beneficio de la sociedad.

Si bien el derecho a la jubilación viene a ser un derecho humano, también es cierto que es parte de los derechos humanos que no son absolutos, es decir, tenemos derechos humanos que sí lo son, por ejemplo, el derecho a la vida y el derecho a no recibir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, son derechos absolutos, en cambio, hay otros derechos humanos, como el derecho a la pensión o a la jubilación que requieren la previsión y aplicación de requisitos para su realización.

Por ejemplo, en el estado de Baja California, para los trabajadores al servicio del gobierno estatal y de los municipios tenemos un marco jurídico específico para su seguridad social, incluida su jubilación.

El estado en comento cuenta con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), el cual es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, como lo señala el artículo 5o. de la ley que lo crea, publicada en el Periódico Oficial número 38, de fecha 20 de diciembre de 1970, Sección I, Tomo LXXVII.

En el tema de las jubilaciones y pensiones, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California señala en las fracciones VII y VIII de su artículo 4o. lo siguiente:

“Artículo 4o.Se establecen con carácter de obligatorio los siguientes servicios y prestaciones:

VII Jubilación;

VIII Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios;”

En cuanto a la edad y el tiempo de servicio y cotización que el mismo ordenamiento señala, para que el trabajador tenga derecho a una pensión por retiro es de cuando menos 15 años, esto por efectos del artículo 68:

“Artículo 68. Tienen derecho a pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, los trabajadores que habiendo cumplido cincuenta y cinco años de edad, tuviesen quince años de servicios como mínimo e igual tiempo de cotización al Instituto.”

Cabe señalar que las pensiones y jubilaciones que da el Issstecali son pensiones de reparto, esto es, son por medio de un método en donde se tiene un aporte obligatorio realizado por los trabajadores en actividad, aunado a aportaciones que realiza el patrón, en este caso el gobierno del Estado de Baja California.

La ya varias veces citada Ley del Issstecali señala en su artículo 16 que el trabajador aportará una cuota del 12 por ciento del sueldo o sueldos básicos integrados que disfrute, de la misma, corresponde para pensiones y jubilaciones el 9 por ciento y el 3 por ciento restante para para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad.

En cuanto a la cuota que le corresponde al patrón, las Autoridades Públicas y Organismos incorporados cubrirán al instituto como aportaciones el 19 por ciento sobre los equivalentes al sueldo o sueldos básicos integrados de los trabajadores, esto por efectos del artículo 21.

Tanto las cuotas de los trabajadores que aportan al Issstecali, como la de los patrones que son entes de la administración estatal y municipal, se van a un fondo común que es manejado por el propio Issstecali.

Es importante tomar en cuenta que la ley del Issstecali es un ordenamiento jurídico vinculado con los derechos humanos, como lo es el derecho a la seguridad social, por lo mismo, los preceptos que señala dicha ley no son limitantes, es decir, los derechos que crea son lo mínimo que debe de respetar la autoridad, pero se pueden ampliar por medio de convenios u otros instrumentos a favor del trabajador.

Derivado del principio mencionado en el párrafo anterior, el 10 de abril de 1997 el gobierno del estado firmó con el Issstecali el “Convenio de apoyo a las jubilaciones del Issstecali”, consintiendo el gobierno del estado en aportar 220 millones de pesos anuales, para las pensiones reconocidas por la ley del instituto. Dicho convenio fue cumplido por el gobernador Héctor Terán Terán, posteriormente por el gobernador Alejandro González Alcocer, pero para la opinión pública no queda claro si los posteriores gobiernos estatales han honrado el acuerdo.

En el caso particular de los trabajadores al servicio del estado, que se desempeñan en la Secretaría de Educación y Bienestar Social, el 27 de diciembre de 2005 se firmó acuerdo entre el poder ejecutivo del estado de Baja California y la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Dicho acuerdo del 27 de septiembre de 2005 beneficia entre otros a profesores, administrativos y conserjes de esta Secretaría, y consiste en que la aportación que por cuota obligatoria hacen estos trabajadores al Issstecali pasa del 12% al 16%, por su parte, el gobierno del estado de baja california se compromete a aumentar su aportación por cada trabajador, del 19% al 31%, para sumar un total de 47% los ingresos Issstecali, esto a partir del año 2009.

Por otra parte, en medios de comunicación estatales, se ha filtrado la noticia que el Issstecali pasa por problemas financieros, entre estos se cuestiona si realmente cuenta con los fondos para las pensiones, es decir, no está claro si el mencionado Instituto cuenta con el dinero que le fue confiado para las pensiones por jubilación.

Se han acercado con quien esto suscribe profesores y otros trabajadores de la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS), quienes manifiestan que han llegado a la edad de jubilación y tienen la cantidad suficiente de cotizaciones al Issstecali para que de acuerdo con la ley del mismo instituto puedan acceder a este merecido beneficio.

De hecho, estos trabajadores con 30 o más años de servicio a dicha secretaría se han agrupado en la organización “Unidos por una pronta jubilación justa y digna” en B.C.”, la cual cuenta con más de 2,500 afiliados, quienes argumentan que se tienen más de 15 meses en que el Issstecali ha detenido los procesos de jubilación.

Como se ha mencionado en varias partes del presente escrito, el derecho a la seguridad social, incluido el derecho a una pensión o jubilación digna, es un derecho humano. Para el caso que nos ocupa, el de las jubilaciones en Baja California, afortunadamente es un derecho que cuenta con garantías jurídicas claras y concisas, que señalan quién será el obligado para que el trabajador vea respetado su derecho.

En este sentido podemos mencionar que la propia Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, señala en su artículo 128 lo siguiente:

“Artículo 128. Si llegase a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo, establecidas por esta Ley, el déficit que hubiese será cubierto por el Estado y organismos incorporados a que se refieren los artículos 1o. y 3o., en la proporción que a cada uno corresponda.”

De lo anterior se desprende que si el Issstecali físicamente no tiene los fondos que se le confiaron para hacer realidad el derecho a la pensión por jubilación, es el gobierno del estado el que debe de aportar los recursos económicos para subsanar el déficit y hacer realidad este fin, en beneficio del trabajador.

De igual manera, ante la omisión por parte de los servidores públicos que falten a sus obligaciones derivadas de la ley del Issstecali, también tenemos en este instrumento jurídico las previsiones para a aplicar en estos supuestos, ante estas anomalías, la propia ley prevé:

“Artículo 134. Los servidores públicos que incumplan con las obligaciones que les impone esta ley, y afecten los derechos de los asegurados y sus derechohabientes, el patrimonio del Instituto o la prestación de los servicios, serán sancionados con multa de 100 a 1,000 salarios mínimos diarios vigentes a la fecha en que esto ocurra, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurran.”

En otro orden de ideas, el que se tenga serias dudas sobre las finanzas del Issstecali y los fondos de jubilación de los trabajadores al servicio del estado y sus municipios, es tema de preocupación para todos los bajacalifornianos y debe de serlo para todos los representantes populares de nuestro país.

Las cuentas claras de las instituciones públicas, incluidos los entes descentralizados, es requisito indispensable para que podamos hablar de transparencia en la administración pública.

En este sentido es de tenerse en cuenta que en Baja California contamos con un órgano especializado y por ley facultado para realizar auditorías, denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California (OFSBC).

El OFSBC, es un Órgano del Congreso del Estado de Baja California, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, recursos, funcionamiento y resoluciones; cuyas atribuciones y responsabilidades se desarrollan conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, reguladas por la Constitución Política del Estado y por la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios.

De conformidad con lo establecido por el artículo 37, fracción VII, de la Constitución estatal, así como lo dispuesto por los Artículos 98 y 100 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, el OFSBC cuenta con las atribuciones para fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, subsidios y recursos de los poderes del Estado y de las entidades públicas estatales, incluyendo a los municipios, organismos dotados de autonomía y particulares, cuando manejen recursos de origen público; así como de emitir opinión jurídica respecto a iniciativas y reformas a leyes, acuerdos y decretos en materia hacendaria, que le sean solicitadas por el Congreso del Estado o sus Comisiones.

Entonces, queda claro que el OFSBC es la instancia que puede y debe auditar en lo general el estado financiero del Issstecali y los fondos para pensiones y jubilaciones en lo particular.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hace un atento llamado al Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California, a fin que a través de las facultades y atribuciones a él conferidas, haga lo conducente para que los trabajadores del gobierno y municipios del estado de Baja California, que se encuentren en los supuestos que marca la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y otras normas aplicables en lo correspondiente a la jubilación, y que soliciten acogerse a este beneficio, vean respetado este derecho en tiempo y forma, conforme a la normatividad vigente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hace un atento llamado al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a fin que a través de las facultades y atribuciones a él conferidas, haga lo conducente para que los trabajadores del gobierno y municipios del estado de Baja California, que se encuentren en los supuestos que marca la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y otras normas aplicables en lo correspondiente a la jubilación, y que soliciten acogerse a este beneficio, vean respetado este derecho en tiempo y forma, conforme a la normatividad vigente.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente hace un atento llamado a la XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, a fin que a través de sus facultades instruya al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, para que realice una extensiva auditoría financiera al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con especial cuidado en lo referente a los fondos para pensiones, jubilaciones, y lo concerniente a los fondos de los acuerdos del 10 de abril de 1997 “Convenio de apoyo a las jubilaciones del Issstecali” y el del día 27 de diciembre de 2005 se firmó acuerdo entre el poder ejecutivo del estado de Baja California y la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2014.

Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica)
Diputado de representación proporcional por la primera circunscripicion, Baja California. Es Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte e integrante de las de Comunicaciones y Defensa Nacional.

 

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