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NOV 2014

06

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que se publique el Reglamento correspondiente a la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Dip. Lilia Aguilar Gil

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch ha declarado que “las desapariciones representan una crisis de derechos humanos de enormes proporciones para México”. Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto está muy lejos de cumplir con su compromiso de esclarecer que le sucedió a las miles de personas cuyo paradero se desconoce, y ahora incluso recorta el presupuesto de la unidad especial de la PGR que este gobierno creó para ocuparse de estos casos.

En fechas recientes la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales –de la Procuraduría General de la República– anunció que el número de personas no localizadas es de 22 mil 322. Sin embargo no se sabe cómo se obtuvo dicha información, cual fue la metodología utilizada para recabar dicha cifra.

El diario estadounidense Washington Post indicó que 25 mil 276 personas se encuentran registradas en calidad de desaparecidas, según documentos de la Procuraduría General de la República.

Además, la cifra puede ser mayor, ya que hay varios casos de desapariciones que no son denunciados ante las autoridades por temor a represalias o porque no confían en las dependencias de seguridad pública del país.

Amnistía Internacional señala que el gobierno de México “no ha demostrado que está atendiendo debidamente a los reclamos de los familiares de personas desaparecidas en México”.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha concluido que los familiares que sufren angustia y estrés a resultas de la desaparición de un ser querido son también víctimas de la violación del derecho a no ser sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Como respuesta a la preocupación de la sociedad, el Poder Legislativo creó un marco jurídico para establecer un registro nacional de personas desaparecidas o extraviadas.

La Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2012.

La citada ley –en su artículo 2– establece la creación de un Registro Nacional de Datos de personas con el propósito de organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas extraviadas o desaparecidas; así como de aquellas que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación y de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia.

Se reconoce dos tipos de personas: la extraviada y la desaparecida; la persona extraviada es la que por circunstancias ajenas a su voluntad, desconoce o no recuerda sus datos de filiación, identidad y domicilio.

Ahora bien reconoce la calidad de persona desaparecida, que es toda persona que con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado internacional o no internacional, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente.

Sin embargo de que sirve que una ley cumpla con todo el proceso legislativo hasta culminar en la publicación, si se convierte en letra muerta en el momento que el Poder Ejecutivo no publica el reglamento respectivo.

En el entendido que es importante el reglamento derivado que es donde se plasma la manera de coordinación entre autoridades para dar la eficacia a una ley.

Asimismo, deben establecerse las reglas claras a que se sujetarán para el suministro, intercambio y sistematización de la información del registro de personas desaparecidas.

Los artículos transitorios son fundamentales en la legislación, de ahí que el artículo segundo mandate a las autoridades competentes a emitir el citado reglamento, por lo general se establece un tiempo en este caso en particular no debía exceder de seis meses de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Para el caso que nos ocupa, la fecha se cumplió y con un margen amplio, ya que el plazo se venció en octubre de 2012, es decir hace dos años y el reglamento duerme el sueño de los justos.

A continuación se plasma el transitorio de la ley que nos ocupa:

Artículo Segundo. Las autoridades competentes deberán emitir las leyes, reglamentos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido en esta Ley, en un plazo que no exceda de seis meses, a partir de la publicación a que se refiere el artículo anterior.

De acuerdo las organizaciones como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Servicios y Asesoría para la Paz afirman que persisten deficiencias y confusión sobre las bases de datos y las cifras sobre personas desaparecidas. Si bien el Estado hizo pública la dicha definitiva de personas desaparecidas como resultado de un proceso de depuración, no fue producto de la búsqueda e investigación. Además, no se ha hecho pública la metodología utilizada para la depuración y persiste la falta de lineamientos claros para saber cómo se reciben las denuncias y cómo se clasifican.

Los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero vuelven a poner en .duda la eficacia de las instituciones y de las leyes en el país. Aunado al actuar de las autoridades que en muchas ocasiones es negligente. La Organización de Naciones Unidas señaló que en México las desapariciones persisten debido a la impunidad generalizada, la falta de veracidad y protocolos de investigación, además de la falta de protección a familiares de víctimas.

Las desapariciones de ciudadanos rebasan cualquier acción emprendida por el gobierno, por lo que no basta con la promulgación de la ley, sino que esta debe aplicarse en forma amplia, contundente y eficaz mediante la emisión del respectivo reglamento.

Por lo que, se torna indispensable la publicación del Reglamento respectivo de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, ya que sin dicho reglamento dificulta el actuar de las autoridades en el registro y búsqueda de las personas que se encuentran desaparecidas o extraviadas.

Asimismo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 89, fracción I, como facultad y obligación del titular del Ejecutivo federal, proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la leyes, lo que consiente en la facultad reglamentaria y de emisión de normatividad que contribuya a la aplicación de la leyes de manera más específica; y que por ellos la falta de su expedición deviene en afectar la certeza jurídica.

Por lo que solicitamos que el Ejecutivo federal cumpla con sus facultades y publique la norma, ya que se ha visto que en ocasiones presionan al poder legislativo para emitir la legislación correspondiente, sin embargo dejan la tarea a medias logrando que esta ley y otras leyes se conviertan en letra muerta por la falta de su reglamento.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que publiquen a la brevedad el Reglamento correspondiente a la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2014.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Diputada de representación proporcional por la primera circunscripción, Chihuahua. Es secretaria de la Comisión de Economía e integrante de las de Justicia y Radio y Televisión.

 

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