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OCT 2014

30

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que decrete la constitución de una Comisión de Verdad, integrada por mexicanos de reconocido prestigio y expertos internacionales en defensa de los derechos humanos.

Dip. Lilia Aguilar Gil

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las comisiones de la verdad son órganos de investigación oficialmente autorizados, de carácter temporal y no judicial, disponen de un plazo relativamente corto para tomar declaraciones, realizar investigaciones y estudios y celebrar audiencias públicas, antes de ultimar su labor con la publicación de un informe.

Todas las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada tienen derecho a la verdad.

El obtener la verdad sobre los crímenes es vital:

• Para que las víctimas directas conozcan toda la verdad sobre los crímenes de que han sido objeto, así como las razones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito.

• Para que los familiares, especialmente de víctimas de homicidio o de personas desaparecidas, averigüen qué les ocurrió a sus seres queridos y conozcan su paradero.

• Para que la sociedad afectada conozca las circunstancias y las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán, y para que se reconozca y preserve la experiencia colectiva de los crímenes sufridos.

En más de 30 países se han creado comisiones de la verdad: organismos de investigación oficiales, temporales, no judiciales, encargados de indagar sobre una constante de abusos contra los derechos humanos, incluidos los crímenes contra el derecho internacional, y de determinar la verdad. La mayoría concluye su trabajo con un informe final en el que se recogen los resultados de la investigación y se formulan recomendaciones.

Amnistía Internacional aboga por el establecimiento y el funcionamiento efectivo de las comisiones de la verdad cuando se han cometido crímenes contra el derecho internacional.

Con este propósito, las comisiones de la verdad deben:

• Esclarecer, en la medida de lo posible, los hechos relativos a las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado.

• Contribuir con las pruebas reunidas durante sus trabajos al desarrollo de las investigaciones y actuaciones penales judiciales que ya estén en marcha y de otras nuevas; y

• Formular recomendaciones efectivas para proporcionar una reparación plena a todas las víctimas y a sus familiares.

Recientemente un grupo de activistas e intelectuales exigió a las autoridades crear una “Comisión de Verdad y Justicia” para investigar la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero.

Texto firmado por el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente; el presidente de la organización México SOS, Alejandro Martí; la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera; el científico mexicano René Drucker Colín; y el líder del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X. González, entre otros.

Los líderes de opinión y de diversas organizaciones exigieron que esta Comisión de la Verdad y Justicia haga una investigación exhaustiva del caso y que emita recomendaciones para la no repetición de este tipo de hechos.

Además es importante mencionar que Guerrero cuenta con una ley por la que se crea la Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia de los años sesenta y setentas de Guerrero. Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado el martes 20 de marzo de 2012.

Dicha comisión tiene como objetivo: investigar, estudiar, analizar y aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos, para contribuir con las labores de las autoridades competentes en la investigación de violaciones a derechos humanos, y hechos probablemente constitutivos de delitos, y delitos de lesa humanidad, contra ciudadanos guerrerenses o personas radicadas o que se hayan encontrado en territorio guerrerense.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que mediante Decreto constituya una Comisión de la Verdad integrada por mexicanos de reconocido prestigio en la defensa de los derechos humanos y expertos internacionales con experiencia en la conducción de comisiones de la verdad con el objetivo de investigar y conocer la verdad de los hechos ocurridos en Iguala Guerrero el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014.

Segundo. Se hace un llamado al Poder Legislativo para que expida la ley por la que se crea una Comisión de la Verdad integrada por mexicanos de reconocido prestigio en la defensa de los derechos humanos y expertos internacionales con experiencia en la conducción de comisiones de la verdad con el objetivo de investigar y conocer la verdad de los hechos ocurridos en Iguala Guerrero el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2014.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a impulsar una política exterior dirigida a respetar, proteger y promover los derechos humanos de las familias migrantes detenidas en los centros residenciales de Estados Unidos de América, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a impulsar una política exterior dirigida a respetar, proteger y promover los derechos humanos de las familias migrantes detenidas en los centros residenciales de los Estados Unidos de América, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La migración constituye hoy en día un tema de suma trascendencia en la agenda nacional pero sobretodo en la agenda internacional de los países que se encuentran en zonas y regiones con un importante número de flujo de personas. Su presencia cada vez mayor, obliga a los Estados a abordarlo no sólo desde la política interior, sino también desde las relaciones bilaterales y regionales, e incluso en las agendas de seguridad nacional.

La Organización de las Naciones Unidas estima que a Septiembre de 2013, el número de migrantes internacionales a nivel mundial alcanzó los 232 millones de personas representando el 3.2% de la población mundial, de los cuales 40 millones lo hacen con carácter de indocumentados.

Este organismo internacional afirmó durante el “Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo”, que los países desarrollados acogen a 136 millones de migrantes internacionales, mientras que en los países en desarrollo residen 96 millones. La mayoría de los migrantes internacionales están en edad laboral (20 a 64 años) y representan el 74% del total. A nivel mundial, las mujeres representan el 48% de todos los migrantes internacionales.

Por nuestra ubicación geográfica, México constituye un país de origen, tránsito y destino de un flujo importante de personas que, con el objetivo de encontrar un mejor futuro para sí y su familia en la búsqueda del llamado “Sueño Americano”, se encuentran con una serie de obstáculos que conlleva esta aventura tan riesgosa y que en muchas ocasiones lamentablemente ocurren desenlaces dolorosos, llegando incluso hasta la pérdida de la vida.

En 2013, el 50% de los migrantes internacionales vivían en 10 países, de los cuales, Estados Unidos albergaba el mayor número de estas personas con un total de 45.8 millones. Asimismo, recibieron el mayor número de migrantes internacionales entre 1990 y 2013, es decir casi 23 millones, lo que equivale a un millón de migrantes internacionales más por año.

Asimismo, los datos oficiales del Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica y la Organización Internacional para las Migraciones reportan que la población latinoamericana representa el 52% de la población extranjera en Estados Unidos, de los cuáles más de 30 millones de personas son de origen mexicano (57%).

Lamentablemente muchos migrantes junto con sus familias se ven obligados a trasladarse debido a la pobreza, la falta de un trabajo decente, las violaciones a sus derechos humanos, un conflicto armado, la persecución y la degradación del medio ambiente. Cuando no existen posibilidades de migración normal, los migrantes recurren a mecanismos de migración irregular.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su estudio “La Globalización de la Delincuencia: Una evaluación de la amenaza del crimen organizado transnacional”, estima que un tercio de los inmigrantes en Estados Unidos son ilegales y que un 80% de estos procede de Centro y Sudamérica, incluido México.

Actualmente, el tema de las y los niños migrantes se ha convertido en una cuestión sumamente alarmante que ha traspasado los niveles de alerta para la región de Latinoamérica y de los Estados Unidos de América, convirtiéndose en una auténtica crisis humanitaria. El tránsito de estos menores se agrava debido a que este trayecto se realiza sin la compañía de sus padres por lo que el peligro aumenta seriamente, sumado al alto índice de violencia e inseguridad que se vive día a día en el territorio nacional.

Sin embargo, el tema no se reduce solo a los niños migrantes no acompañados. Recientemente salió a la luz pública la situación que viven familias enteras en los llamados “Centros Residenciales” donde las autoridades migratorias de Estados Unidos ubican a dichas personas, muchos de ellos mujeres y niños, a la espera de resolver su situación migratoria para recibir sentencia por parte de las cortes de inmigración, lo cual tarda varios meses. Este país registró en el año 2012 su máximo histórico de migrantes detenidos con un total de 478 000 individuos mientras esperan su proceso legal de migración en dichos Centros.

De acuerdo con la organización Detention Watch Network, tan sólo entre junio y agosto de 2014, el número de integrantes de familias inmigrantes detenidas en ese país creció 1,100% pasando de 100 a 1,200 familias migrantes detenidas, llevados a los dos centros existentes en el Estado de Texas de dicho país.

Esta organización en su reporte “Detención de familias con fines de lucro” afirma que con el establecimiento de estos Centros el Presidente Obama ha lanzado el Proyecto de detención de familias más grande en Estados Unidos desde los campos de concentración para japoneses (durante la Segunda Guerra Mundial) y el país que tiene la mayor infraestructura de este tipo de Centros de Detención de Migrantes en el mundo.

En 2009, el Centro Residencial Hutto fue cerrado debido a la intensa presión ejercida durante dos años por diversas organizaciones que denunciaron y comprobaron violaciones a los derechos humanos de las familias migrantes internadas en este lugar. Dicho Centro estaba operado por la empresa Corrections Corporation of America.

Estos centros residenciales para familias migrantes, como la de Artesia en el Estado de Texas ubicada a tres horas y media de El Paso (la ciudad más próxima), se encuentran muy alejadas de los servicios de asistencia legal y social para quienes residen ahí.

A esto se suma las múltiples denuncias que existen en este Centro, donde madres son separadas de sus hijos a pesar de existir espacio suficiente en la celda para su alojamiento conjunto, casos de asilo para víctimas de violencia que no fueron llevados a denunciar ante la autoridad por falta de información, indígenas detenidos a los cuales no se les proporciona un intérprete como lo establece la ley, así como detenciones extendidas a pesar de existir un resolución judicial para la liberación del migrante.

Otro ejemplo esta en el Centro Residencial ubicado en el Condado de Karnes a 80 kilómetros al sureste de San Antonio, donde diversas organizaciones civiles han dado seguimiento a las operaciones de estos lugares utilizando abiertamente la palabra “encarcelamiento” en lugar del término correcto “detención” utilizado por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).

Existe la preocupación que estas violaciones a los derechos humanos sigan en aumento con la construcción de otro Centro Residencial para el 2015 ubicado en Dilley en Texas, que será operado por la empresa Corrections Corporation of America, (la misma que operó el Centro clausurado en el 2009) debido a que el riesgo de abuso es mayor por la ganancia económica que oscilará en 298 dólares al día por cada persona detenida.

Human Rights Watch afirma que el detener inmigrantes y ponerlos en aislamiento constituye una violación flagrante a sus derechos humanos, debido a que dicha retención es utilizada como un método de castigo. Este organismo internacional afirma también que el número de casos de personas perseguidas por la justicia en Estados Unidos por delitos migratorios y donde se trata a los indocumentados como criminales, se incrementó significativamente en la última década, lo que ha derivado en la separación de familias.

México cuenta con un vasto andamiaje jurídico nacional e internacional que busca garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Conforme al artículo 1º de nuestra Carta Magna que reconoce los derechos humanos contemplados tanto en la misma Constitución, como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, las familias migrantes son protegidos por diversas normas jurídicas, entre ellas destacan:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 4º y 11)

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias

• Convención sobre los Derechos del Niño

• Ley de Migración

• Memorándum de Entendimiento sobre Protección Consular de Nacionales de México en Estados Unidos de América

• Memorándum de Entendimiento sobre Mecanismos de Consulta Sobre Funciones del Servicio de Inmigración, Naturalización y Protección Consular

• Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Contra de la Violencia Fronteriza

Asimismo, existen múltiples acuerdos bilaterales que se han celebrado entre México y Estados Unidos con la finalidad de asegurar una repatriación segura y ordenada de migrantes:

• Procedimientos para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos en las fronteras de Ciudad Acuña, Coahuila- Del Río, Texas y Piedras Negras, Coahuila – Eagle Pass, Texas y su Protocolo que lo Enmienda

• Procedimientos para la Repatriación segura y ordenada de nacionales mexicanos, San Diego y sus Adiciones

• Arreglo Local para la Repatriación de nacionales mexicanos, El Paso

• Arreglo para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos entre las Autoridades Migratorias del Sector Laredo, el Consulado de México en Laredo, Texas y el Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas

• Acuerdo de Repatriación en las fronteras de Mc Allen y de Brownsville, Texas

• Arreglo para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos en las Fronteras de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta, Sonora

• Procedimientos para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos en Nogales, Phoenix, Yuma, Tucson y Douglas

El Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar, respetar y proteger los derechos humanos sin distinción de nacionalidad, permitiendo su goce con absoluta libertad. En este sentido, las autoridades deben privilegiar en todas sus actuaciones, el cumplimiento integral y armónico de los derechos humanos sin importar la situación migratoria.

Conforme al mandato constitucional establecido en su artículo 89, fracción X, corresponde una obligación para el Presidente de la República dirigir la política exterior del Estado Mexicano bajo la conducción del principio normativo de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

Por esta razón, la problemática que viven familias enteras en los Estados Unidos de América durante la permanencia en los llamados “centros residenciales” a la espera de resolver su situación migratoria, debe ser un tema de suma importancia en la relación bilateral con nuestro hermano país vecino del norte, impulsando una política exterior que coadyuve a mejorar las condiciones en las que persisten en estos centros.

Como he analizado, esta crisis humanitaria se ha convertido en un problema regional, debemos reconocer que ha existido ineficacia de gestión por parte de todas las autoridades en todos los países de la zona involucrados; asimismo debemos celebrar las acciones de gobierno que se han ejecutado para contrarrestar esta terrible situación, sin embargo resulta evidente que estos esfuerzos no son suficientes para contrarrestar los efectos negativos de la migración.

Si bien existe un vasto andamiaje jurídico nacional e internacional que busca proteger y garantizar los derechos humanos de las familias migrantes, queda claro que estas normas están quedando sólo en el papel. Se necesita más que una norma jurídica, se necesita la voluntad conjunta de todos los actores políticos para encaminar una política integral que sea eficaz y de los resultados que la comunidad internacional espera recibir de quienes estamos involucrados en esta crisis.

En este contexto la situación de los migrantes y sus familias debe ser vista como una alta preocupación por parte del Estado Mexicano en la conducción de su política exterior para ser atendida de manera integral y conforme al total respeto a los Derechos Humanos. Para elaborar, planificar, decidir y ejecutar una Política Integral que dé respuesta a este complejo tema, resulta necesario iniciar por un diagnóstico claro que nos marque el panorama puntual en el que se encuentra el problema de la migración, con las deficiencias y debilidades en las que hemos incurrido los países de la región y corregir el rumbo.

Generalmente el concepto “Migración” se asocia como un problema social, sin embargo en Nueva Alianza consideramos que esta palabra simboliza una valerosa expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad y acceder a una vida mejor para ellos y sus familias. La migración puede producir beneficios sustanciales, las economías tanto de países desarrollados como de países en desarrollo necesitan de las y los migrantes para satisfacer la demanda de trabajadores con diferentes grados de especialización.

Estamos ciertos que la situación migratoria no debe ser un impedimento para que a las y los migrantes se les respeten sus derechos fundamentales, puesto que el espíritu humanista de nuestra Ley Fundamental nos obliga a tomar una nueva postura en conducir una Política Exterior con el eje principal del respeto por los derechos humanos, sin distinción de ser mexicano o extranjero, modificando la visión del problema migratorio no como un asunto policiaco o de seguridad nacional, sino más bien con una postura humanista mediante el reconocimiento y goce de los derechos fundamentales.

Finalmente y a manera de reflexión, comparto el pensamiento del Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas de Asuntos Económicos y Sociales Wu Hongbo, al expresar lo siguiente:

“Si la migración se regula debidamente, puede aportar una contribución muy importante al desarrollo social y económico tanto en los países de origen como en los países de destino, ya que amplía las oportunidades de que disponen los individuos y es un medio esencial para aumentar el acceso a los recursos y reducir la pobreza”.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a impulsar una política exterior dirigida a respetar, proteger y promover los derechos humanos de las familias migrantes detenidas en los centros residenciales de Estados Unidos de América.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.

Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)
Diputada de representación proporcional por la primera circunscripción, Chihuahua. Es secretaria de la Comisión de Economía e integrante de las de Justicia y Radio y Televisión.

 

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