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OCT 2014

23

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Baja California, a fin de evitar la destrucción del Parque Benito Juárez, de la Ciudad de Tijuana, Baja California

Dip. Jaime Bonilla Valdez

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Baja California a evitar la destrucción del parque Benito Juárez, de Tijuana, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Jaime Bonilla Valdez, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Generalmente cuando hablamos del ambiente pensamos en espacios prístinos, naturales, en los que no se ha dado la intervención humana, o esta ha sido muy limitada, pero, el ambiente no tan sólo se refiere a estos espacios naturales, sino que, los espacios artificiales creados por el ser humano, en los que vivimos, nos desenvolvemos y pasamos nuestras vidas, son también parte importante del mismo, como acertadamente lo señala el primer numeral de la “Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano”, documento resultante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, acontecida en Estocolmo, Suiza., en el año de 1972.

Dicha Conferencia, auspiciada por las Naciones Unidas, fue el evento que convirtió al medio ambiente en un tema de relevancia a nivel internacional, en el que participaron gran parte de las naciones que forman la ONU, y surge por la presión ejercida por las sociedades de varios países, sobre la degradación del ambiente natural y lo inhumana que se estaba tornando la vida en las ciudades debido a los problemas relacionados con un ambiente urbano nocivo para la salud física y psicológica.

Al respecto, el ya mencionado numeral 1 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano a la letra dice:

“1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea , el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales , incluso el derecho a la vida misma.”

De tal forma que desde que inicia el movimiento ambientalista a escala mundial, como una obligación que la sociedad impone a sus respectivos gobiernos, el tema del ambiente artificial ha sido parte de este movimiento y el reclamo de que este sea acorde con el bienestar humano ha sido parte significativa del mismo. Además, como podemos observar en el numeral citado, el tema del ambiente pasa a formar parte del catálogo de los derechos humanos.

En el ámbito interno, el derecho a un ambiente sano es un derecho humano reconocido en el Título Primero, Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), nuestra carta magna señala en el sexto párrafo del artículo 4o., que:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

Otro ordenamientos que son parte de nuestro acervo jurídico de normas vigente, referentes al derecho humano y el ambiente, lo podemos encontrar en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (“Protocolo de San Salvador”). Aprobado por el Senado el 12 de diciembre de 1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de noviembre de 1998.

Al respecto el artículo 11 de este instrumento mandata a los estados parte a proteger y mejorar el ambiente, tanto el natural como el artificial:

“Artículo 11. Derecho a un Medio Ambiente Sano

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.

2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.”

De lo escrito en los párrafos precedentes, queda claro que el derecho al ambiente sano es un derecho humano, tutelado por nuestro derecho interno como por el derecho internacional reconocido y vinculante para México.

Si recordamos, nuestra Carta Magna en el tercer párrafo de su artículo 1 mandata a todas las autoridades del país en el ámbito de sus competencias a proteger todos los derechos humanos, bajo el siguiente texto:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Es de señalarse, como lo hace también el párrafo previamente citado del artículo 1° de la CPEUM, que los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.

Lo anterior entre otras cosas quiere decir que no se puede establecer una jerarquía entre estos derechos y que están interrelacionados, ya que la violación de uno de ellos conlleva a la violación de otros, por ejemplo, el derecho al agua en cantidad y calidad suficiente está relacionado con el derecho a la vida y a la salud, de tal forma que como consecuencia de no respetarse el primero, los otros dos también serán violentados.

En otro orden de ideas, los parques y áreas verdes de una ciudad, son zonas que contribuyen a respetar el derecho a un ambiente sano y por lo mismo al respeto a otros derechos, como es el derecho a la salud, tanto en su faceta física como psicológica, ya que la cobertura de zonas verdes en la ciudad es de gran importancia para mantener una buena calidad de vida.

Las plazas, jardines, parques o bosques urbanos desempeñan un papel fundamental en el medio ambiente y la biodiversidad de la ciudad, además de ser espacios para el paseo, el relajamiento o el ocio, a nivel de ordenación del territorio forman parte de su estructura, y simbolizan un ambiente de ciudad equilibrada, donde la edificación se amortigua con los espacios naturales.

Es por lo anterior que los espacios verdes, son considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como imprescindibles por los beneficios que reportan en nuestro bienestar físico y emocional, contribuyendo a mitigar el deterioro urbanístico de la ciudad, haciéndolas más habitables y saludables. Según recomendaciones de la OMS, las ciudades deben disponer, como mínimo, de entre 10 y 15 metros cuadrados de área verde por habitante, distribuidos equitativamente en relación a la densidad de población.

En el caso de Tijuana, la recomendación de la OMS está muy lejos de observarse, está ciudad fronteriza cuenta con menos del 1 por ciento de áreas verdes que recomienda la norma internacional, y aunque existen planes para revertir esta situación, aún falta mucho para alcanzar un mejor estándar.

Todo lo anteriormente expuesto en el presente Punto de Acuerdo viene a colación porque en la ciudad de Tijuana, Baja California., capital económica del Estado, entre el edificio del Ayuntamiento y el Palacio de Gobierno del Estado, se forma un parque que lleva el nombre de “Benito Juárez”, que es una de las pocas áreas verdes de carácter público con las que cuenta la ciudad. Actualmente, sobre el área de este parque se pretende construir una mega obra con varias zonas concesionadas a la iniciativa privada, con lo cual se perderá uno de los pocos parques con los que se cuentan y un espacio público pasará a ser de acceso restringido para gran parte de la población.

Como hemos mencionado en varias partes de este escrito, el derecho a un ambiente urbano sano, es un derecho humano, de tal forma que al suprimirse el parque Benito Juárez, se violentará entre otros este derecho, con consecuencias para la salud física y psicológica de los habitantes.


Además de la afectación a la calidad de vida que deriva de la destrucción de uno de los pocos parques públicos con los que cuenta la ciudad, el que se pretenda construir y concesionar este espacio que pertenece a todos los habitantes de la ciudad, conlleva a otros problemas que causan mucho malestar a los tijuanenses.

Máxime si tomamos en cuenta que el predio donde se encuentra el parque, el Palacio del Gobierno del Estado y el edificio del ayuntamiento, es parte de los terrenos cedidos por el Gobierno Federal por medio decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de julio de 1978. Dicho decreto estipula que sobre los mismos se construya el palacio municipal, una plaza cívica (función que actualmente cumple el parque Benito Juárez) y el edificio del gobierno de estado.

De lo anterior resulta que, de prosperar un proyecto como el que al parecer se pretende llevar a cabo, que le dará un uso distinto al terreno, se estaría contraviniendo el Decreto por medio del cual se dio la enajenación “a título gratuito”, en favor de la administración estatal del terreno en cuestión, y este solo hecho, sería motivo para que el estado de Baja California y el Municipio de Tijuana perdieran el predio con todo lo que en él se haya construido.

Lo anterior con base al artículo tercero del multicitado decreto de 1978, mismo que a la letra señala:

“Artículo Tercero. Si el Gobierno del Estado de Baja California le diera a los inmuebles que se le enajenan, un uso distinto al señalado en este Decreto, revertirán con todas sus mejoras y accesión en favor del Gobierno Federal”.

Por otra parte, como también ya se señaló, el parque Benito Juárez viene a cumplir las funciones de plaza cívica, espacio público que todos los tijuanenses sentimos como algo nuestro. Yo le pregunto al lector, o lectora del presente escrito, ¿qué pensaría si existiera un proyecto que pretendiera privatizar la Plaza Cívica de la Ciudad de México, es decir, la Plaza de la Constitución?, muy probablemente le parecería una abominación que atenta contra el patrimonio de todos los mexicanos, pues de igual forma nos sentimos los tijuanenses con respecto a que se pretenda privatizar nuestra plaza cívica, es decir, nuestro parque Benito Juárez.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente hace un atento llamado a la XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, a que de acuerdo a las atribuciones que le fueron conferidas por la normatividad aplicable, evite la destrucción del Parque Benito Juárez, de la ciudad de Tijuana, Baja California y la concesión de este espacio público a la iniciativa privada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014.

Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica)
Diputado de representación proporcional por la primera circunscripicion, Baja California. Es Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte e integrante de las de Comunicaciones y Defensa Nacional.

 

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