Youtube Facebook Twitter Home
 

OCT 2014

23

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se revise el desempeño del Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Dip. Lilia Aguilar Gil

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar el desempeño del presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a las víctimas u ofendidos de delitos y de violaciones a derechos humanos, entre otros, los derechos a recibir protección, así como otras medidas de atención para garantizar su integridad física y psicológica, y a la reparación integral del daño, que se reafirma en los instrumentos internacionales celebrados por nuestro país en materia de derechos humanos.

La atención a las víctimas no es un tema menor, se requiere apoyo integral, porque la relación es directa con seres humanos que sufrieron algún tipo de afectación física o psicológica, lo que demanda un seguimiento especializado. Un trato deficiente va en detrimento de los afectados.

Por lo que la Ley General de Víctimas se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, establece en su artículo 79 la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas el cual para su operación y el cumplimiento de sus atribuciones, contará con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Comisión Ejecutiva), la cual quedo debidamente constituida por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de enero del 2014.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas centra sus esfuerzos en tres ejes rectores:

• Primero: Construir el Registro Nacional de Víctimas. Este registro, que será alimentado por las comisiones ejecutivas estatales, facilitará el acceso de las víctimas a la ayuda prevista en la ley.

• Segundo: Definir las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

• Tercero: Determinar las medidas de asesoría jurídica que los tres órdenes de gobierno brindarán a las víctimas.

Asimismo la Comisión Ejecutiva, tiene como objetivo:

I. Fungir como órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

II. Garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas en dicha materia;

III. Realizar labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones, y

IV. Ejercer las funciones y facultades que le encomienda la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables.

La Comisión Ejecutiva está integrada por siete comisionados, quienes fueron designados por el Senado de la República, previo cumplimiento y desahogo de los requisitos que establecen los artículos 85 y 86 de la Ley General de Víctimas, y que rindieron protesta el 10 de octubre de 2013.

Esta Comisión Ejecutiva tiene un presupuesto anual de $470 millones de pesos, asimismo, tiene asignado el 0.014 por ciento del presupuesto federal para el Fondo de Ayuda y Reparación para Víctimas del Delito.

Las treinta y seis atribuciones de la Comisión Ejecutiva se establecen en el artículo 88 de la Ley General de Víctimas algunas de ellas son:

a. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o por violación a sus derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida social;

b. Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

c. Proponer al sistema las medidas previstas en esta ley para la protección inmediata de las víctimas cuando su vida o su integridad se encuentre en riesgo;

d. Asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendentes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales;

e. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal, y de la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas;

f. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes;

g. En casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas, proponer al Sistema los programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a justicia, a la verdad y reparación integral;

h. Crear y coordinar los comités especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos que requieran prevención, atención e investigación con una perspectiva integral tales como en los casos de desaparición de personas, extravío, ausencia o no localización de personas, trata de personas, tráfico de personas y secuestro, a fin de que además de las acciones, propuestas, planes o programas que se deriven para un grupo de víctimas específicas, se guarde una integralidad respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral, con cargo a su presupuesto autorizado;

i. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades de las entidades federativas y municipios en materia de capacitación, recursos humanos y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de tal manera que sea disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y servicios que corresponda al Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

j. Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquéllas que se encuentran en lugares donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación.

Es claro que la Comisión Ejecutiva, no está desempeñando adecuadamente sus atribuciones en atención de las víctimas en México, como se desprende de los siguientes hechos:

El 26 de septiembre de 2014 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” realizaban una jornada de colecta, al finalizar dicha jornada se dio un primer ataque alrededor de las 20:00 horas, en contra de los jóvenes. Para protegerse, los normalistas abordaron tres autobuses en los que llegaron a Iguala y cuando todos lograron agruparse, emprendieron el camino de vuelta a Ayotzinapa.

Aproximadamente una hora después de que se escucharan los primeros disparos, a la altura de la avenida Álvarez, policías municipales abrieron fuego contra los vehículos de los normalistas, así como contra un vehículo en donde viajaban los jugadores del equipo de futbol “Los avispones”, y un taxi, dejando tres normalistas fallecidos, un futbolista y los tripulantes del taxi.

El tercer ataque, vino aproximadamente entre las 22:00 y 23:00 horas, cuando los normalistas sobrevivientes, aún en Iguala, intentaron dar una conferencia de prensa para denunciar la agresión sufrida. En este momento, un grupo de hombres armados disparó nuevamente en su contra, y fue este el momento en que los estudiantes desaparecieron.

El 7 de octubre de 2014 dada la relevancia del tema a nivel nacional la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. “Raúl Isidro Burgos” con la finalidad de allegarse de información que le permita conocer la verdad histórica (comisión especial).

Por lo anterior el 13 de octubre del presente, la comisión especial realizó su primera reunión con el licenciado Sergio Jaime Rochín del Rincón, presidente comisionado de la Comisión Ejecutiva, para solicitarle mayor información respecto a las víctimas directas e indirectas así como las acciones que ha realizado la Comisión Ejecutiva en Iguala, Guerrero.

Sin embargo en dicha reunión, el presidente comisionado entregó un informe general que cuenta con tres apartados, el primero de antecedentes, el segundo de acciones y el tercero sobre una reunión de trabajo.

En el apartado de antecedentes se establece que:

a. Que agentes de la policía municipal, presuntamente en colusión con sicarios vinculados al crimen organizado, habrían atacado en el curso de las horas siguientes a los estudiantes de manera indiscriminada con armas de fuego de grueso calibre.

En las acciones del informe comprende principalmente lo siguiente:

a. La Comisión Ejecutiva, designó al comisionado Julio Hernández Barros, como responsable de la coordinación y colaboración interinstitucional.

b. El 29 de septiembre, el comisionado Hernández Barros conminó al procurador de Justicia del Estado de Guerrero, a realizar una investigación eficaz así como a informar puntualmente a los familiares sobre los avances obtenidos.

El personal de la delegación de Guerrero ha estado presentando a las víctimas directas e indirectas los servicios necesarios a fin de garantizar su derecho a la verdad histórica, a la justicia y a la reparación integral.

La Comisión Ejecutiva de Guerrero, entablo comunicación con los familiares de los desaparecidos, a quienes se le proporciono asesoría jurídica y se les ofrecieron los servicios integrales que proporciona la Comisión, manifestando que por el momento solo querían encontrar a sus familias.

Los integrantes de la comisión especial cuestionaron el informe que presentó el presidente comisionado, ya que no arroja información suficiente para lo cual fue convocado.

Por lo que se comprometió a remitir a la comisión especial un informe detallado de la atención a cada caso en próximas fechas, en virtud de que el presentado en este encuentro fue de carácter general.

De igual forma, ofreció a los integrantes de la comisión una nueva reunión en la que estuviera presente el comisionado Julio Hernández Barros, ya que fue el comisionado encargado de encabezar las acciones de la Comisión Ejecutiva en la entidad.

Asimismo se pronunció por informar semanalmente de las acciones de la Comisión Ejecutiva, establecer canales de comunicación frecuentes y proporcionar el informe de la visita por parte del comisionado de Guerrero. Sin que hasta la fecha se cuente con algún tipo de informe por parte de la Comisión Ejecutiva.

De ahí que, los integrantes de la Comisión Especial, cuestionaron al funcionario sobre el número de víctimas, la atención a las mismas y sus familiares, los programas emergentes, de igual forma se le pregunto si habían otorgado atención médica, psicológica, jurídica, medidas de protección así como el registro para el fondo de apoyo y la reparación del daño.

Por lo que, los diputados integrantes de la comisión especial manifestaron su preocupación y alarma porque el presidente comisionado, no respondió fehacientemente las preguntas y por la forma inadecuada que atiende el caso de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

La suscrita expuso en dicha reunión que las víctimas deben contar inmediatamente con protección personal, porque su vida se encuentra en peligro, así como la de sus familias luego de que en el informe que proporciono la Comisión Ejecutiva señala que los policías actuaron en colusión con miembros del crimen organizado.

En virtud de los hechos, se desprende que el presidente comisionado no solo no vino preparado, con información suficiente a la reunión con los integrantes de la comisión especial, lo que demuestra que no le da la suficiente importancia a la reunión de trabajo, a los legisladores y peor aún a los hechos de violencia registrados en Iguala.

Sin embargo, no es el único caso en donde la Comisión Ejecutiva es omisa y no actúa conforme a sus facultades, en opinión de los familiares de desaparecidos (participes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y ahora organizados en el grupo Acciones para la Paz y la Convivencia) “la Comisión Ejecutiva no está haciendo su trabajo” especialmente a nivel operativo.

También informaron que hasta el momento no se conocen datos de alguna localización de personas desaparecidas, como producto del trabajo de la Comisión Ejecutiva.

Al respecto, la organización “Acciones para la Paz y la Convivencia” afirma que es necesario pasar de los discursos y enfocarse en la aplicación de políticas públicas efectivas para la atención a víctimas del delito.

Otro caso relevante, donde se demuestra nuevamente la omisión de la Comisión Ejecutiva es que a un año de la muerte de nueve espectadores y donde hubo serias lesiones para decenas más, ocasionadas por una “troca monstruo”, durante el Aero Show 2013 en Chihuahua, la Comisión Ejecutiva, únicamente instó al gobernador, César Duarte Jáquez, para “revisar” el estado de la “reparación integral” de los afectados.

Por lo que existe responsabilidad directa contemplada en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que en su artículo 47 establece lo siguiente: “todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas”:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

Además es de conocimiento público que entre los comisionados existen diferencias personales, lo que afecta la eficacia y objetivos fundamentales de la Ley General de Víctimas y de la multicitada Comisión Ejecutiva.

Como se mencionó ante la nula actuación de la Comisión Ejecutiva, así como de su presidente comisionado es preciso que el licenciado Sergio Jaime Rochín del Rincón, sea destituido por la ineficiencia en la operación de la atención a las víctimas e indirectas en nuestro país y particularmente sobre el caso de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

Por lo que se solicita al Ejecutivo federal, derivado del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde establece en su fracción segunda la facultad de:

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

Ante lo expuesto se presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

Resolutivos

Único. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que revise el desempeño del presidente comisionado Sergio Jaime Rochín del Rincón, y proceda su remoción por ineficacia y omisión en el servicio que le fue encomendado como presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al trasgredir e incumplir en forma grave y reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Victimas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Diputada de representación proporcional por la primera circunscripción, Chihuahua. Es secretaria de la Comisión de Economía e integrante de las de Justicia y Radio y Televisión.

 

Conoce su trabajo legislativo:

ÚLTIMAS INTERVENCIONES DEL GPPT