Ánimo. Desde Navolato vengo. Con el permiso del pueblo de México. Las casas de préstamo y de empeño, al amparo de la legislación federal, estas sociedades financieras de objeto múltiple son entidades que, dado su perfil de servicios, se han multiplicado a lo largo de la geografía nacional. Son organizaciones que anuncian ofertas de préstamos en efectivo, a través de trámites gratuitos, fáciles, confiables, sin contar con aval y sin importar los reportes negativos del Buró de Crédito.
Al jodido pues, acabarlo de joder. Solo se le incrementa y prolonga la deuda.
Dicen ofrecer financiamientos aplicados con cargo a la nómina o, en su caso, con respaldo de aval prendario. Ocurren, sin embargo, casos de algunas empresas de este tipo que, al margen del cumplimiento de la normatividad, incurren en prácticas de agiotaje. Esto favorece el enriquecimiento injustificado de los dueños del capital.
Entre otros servicios que se ofrecen, algunas de estas empresas ofertan en crédito dinero rápido a pagarse en cuotas pequeñas, con plazos largos e intereses bajos. Qué buena gente, son. Los llaman préstamos exprés, que se suceden como una práctica que busca, según las ofertas, beneficiar al dañado poder adquisitivo de trabajadores activos, jubilados y pensionados. Qué considerados.
Los prestamos inmediatos en efectivo resultan algunas veces un espejismo, porque en los contratos se imponen condiciones de pago no competitivas para los clientes. Ven amenazada, así, la seguridad de un patrimonio ante la posibilidad de ser blanco de embargos por eventuales incumplimientos de esos compromisos, debido a las cláusulas que a la letra les son desventajosas.
A través de contratos faltos de claridad, redactados en ocasiones en términos no entendibles, los deudores se ven enfrentados a las obligaciones que les son impuestas. Además, con letras muy, pero muy pequeñitas.
La situación no para ahí, sucede que, ante el alto costo de los intereses aplicados, ocurre por dificultades diversas que algunos deudores no pueden cubrir a tiempo sus compromisos de pago. Frente a esto, se les ofrecen alternativas de reestructuración, también llamado refinanciamiento.
Se les extienden así los plazos con cargos adicionales al capital original, lo cual indudablemente les incrementa la deuda. A las ofertas de reestructuración se les denomina también planes de pago, de acuerdo a la capacidad del deudor. Se les propone, según las financieras, un traje a la medida. La hacen de sastres.
Las propuestas que les ofrecen no son favorables para el deudor, como siempre. Van desde el conservar el mismo plazo con una actualización de la deuda o prolongar el término de pago con la respectiva aplicación de intereses.
Algunos contratos viciados de origen y por situaciones de insolvencia de los deudores se vuelven impagables. El panorama para el deudor se complica y mucho. Al jodido pues, acabarlo de joder. Solo se le incrementa y prolonga la deuda, y muchas veces hasta la tumba. Un escenario nada comparativo con los clientes, como dicen en mi rancho, Dios nos agarre confesados.
En razón de ello, la presente iniciativa que hoy someto a la consideración de este pleno tiene un claro propósito: garantizar que los actos, operaciones y servicios que las organizaciones y actividades auxiliares del crédito realicen con sus clientes y usuarios se sujeten a condiciones, efectivamente, competitivas para estos últimos –ya es hora‑‑ bajo contratos cuya claridad en el lenguaje de la redacción no deje lugar a interpretaciones ambiguas, de manera que se garantice que su funcionamiento se apegue a las necesidades de estos clientes.
Se busca así, cumplan los objetivos preceptuados en la legislación, sobre todo, cuando se establece con toda prontitud las obligaciones impuestas a estas organizaciones, de lo contrario, se estará atentando la informalidad en el sector financiero. Vayamos a rescatar a los que menos tienen y que no pierdan sus prendas. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Por su atención y apoyo a la presente propuesta, muchas gracias y sáquense un diez. Ánimo.
