Establecer que cuando las autoridades tomen una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, se deberán evaluar y ponderar los riesgos a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.
Establecer que cuando las autoridades tomen una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, se deberán evaluar y ponderar los riesgos a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.
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