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FEB 2015

03

Proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal

La suscrita, Magdalena Núñez Monreal, diputada federal a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, secretaria de la Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 135 constitucional, con la finalidad de que el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Federal sea susceptible de control jurisdiccional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Por décadas, ha prevalecido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el criterio a través del cual se afirma que el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Federal, no es susceptible de control jurisdiccional, lo cual se confirma con la siguiente jurisprudencia:

“Época: Novena Época
Registro: 185941
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVI, Septiembre de 2002
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 39/2002
Página: 1136

Procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Federal. No es susceptible de control jurisdiccional.

De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional, ya que lo encuentra en sí mismo; esto es, la función que realizan el Congreso de la Unión, al acordar las modificaciones, las legislaturas estatales al aprobarlas, y aquél o la Comisión Permanente al realizar el cómputo de votos de las legislaturas locales y, en su caso, la declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo hacen en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en el extraordinario de órgano reformador de la Constitución, realizando una función de carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de ninguno de los órdenes jurídicos parciales, constituyendo de esta manera una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación compleja del órgano y en la atribución constitucional de su función, se encuentra su propia garantía.

Controversia constitucional 82/2001. Ayuntamiento de San Pedro Quiatoní, estado de Oaxaca. 6 de septiembre de 2002. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón y Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Eva Laura García Velasco.

El Tribunal pleno, en su sesión pública celebrada hoy seis de septiembre en curso, aprobó, con el número 39/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de septiembre de dos mil dos.”

Sin embargo, a través de la presente iniciativa, deseo tratar el importante tema del control constitucional del procedimiento de reformas a la Constitución, por ser esencial para la prevalencia de nuestro estado de derecho.

Para tal efecto, es importante recordar que en el año 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una de las decisiones más importantes que hayan existido en la historia del constitucionalismo mexicano y que mayor trascendencia puede haber tenido para la vida política del país: resolvió, por votación dividida de seis ministros a favor y cinco en contra que la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de las reformas efectuadas al Cofipe en enero de 2008, por los vicios contenidos en la aprobación de la reforma constitucional, efectuada en noviembre de 2007, era “procedente y fundada”.

Los vicios invocados fueron con relación al proceso legislativo seguido que, a decir de los inconformes, violó los criterios establecidos para ese efecto en la Ley para la Reforma del Estado, sobre todo en lo que se refiere a que se establecía “el máximo consenso posible” para aprobar la reforma constitucional, principio que finalmente no se respetó. Por lo que toca al Cofipe se señaló la violación a diferentes derechos y garantías, como la de asociación y participación política; el de información, y los derechos a votar y ser votados de los ciudadanos, así como diferentes inequidades en los derechos de los partidos políticos que tienden a beneficiar a los partidos mayoritarios.

Independientemente de la importancia de los conceptos de invalidez invocados en la impugnación presentada, lo más relevante fue, como lo señaló Javier Hurtado en su artículo denominado “Histórica Decisión”, el cual utilizo para sustentar la presente iniciativa, “resolver si las reformas constitucionales pueden estar sujetas a algún tipo de control de su propia constitucionalidad, tanto en su contenido como en su proceso de aprobación, cuestión esta última, la más importante.”

La ministra Margarita Luna Ramos durante el debate habría de enfatizar la importancia del asunto que planteo al señalar: “el tema a discusión fundamentalmente es: si el Constituyente tiene o no límites en su actuar, y aceptando que existieran esos límites en su actuación, cuáles son los medios jurídicos de control de esa actuación.”

Durante la LXII legislatura, el Constituyente Permanente ha llevado a efecto reformas sustanciales al texto constitucional en diversas materias que afectan directamente al gobernado y vale la pena cuestionarnos si dichas reformas constitucionales pueden ser anticonstitucionales o si el procedimiento utilizado para reformar la Constitución se realizó con apego irrestricto a lo establecido por el artículo 135 constitucional, ya que las viejas prácticas conocidas en contra de las minorías legislativas fueron utilizadas y la única manera de tener la certeza de que las modificaciones a la norma constitucional fueron realizadas conforme a lo previsto por la propia Constitución, es dotando al gobernado de control jurisdiccional del órgano reformador a través del juicio de amparo.

La histórica decisión a la que he hecho mención se sostuvo durante algún tiempo, la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habría de revertir el criterio de los seis ministros de nuestro máximo Tribunal Constitucional y prevalece actualmente, por mayoría de siete votos, desde el 28 de marzo de 2011 el criterio en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “no ha sido dotada de competencia para conocer de reformas constitucionales, sea en materia de procedimiento, y menos en materia de fondo de reformas constitucionales” y que “es notorio y evidente que en contra de la Constitución no puede existir un medio de impugnación alguno”.

Derivado precisamente de lo asentado en el párrafo anterior, es que esta legisladora considera indispensable retomar el tema, pero en el ámbito del Poder Legislativo, ya que como lo sostienen los propios ministros que presiden nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el que tiene la posibilidad de facultar en el texto Constitucional un medio de control jurisdiccional del órgano reformador de la Constitución que rompa con la partidización a la que están sujetos los órganos legislativos federales y estatales.

Esta es la única manera como aprecia Javier Hurtado en su texto referido para garantizar “que una coalición interpartidista no pueda reformar la Constitución a su capricho o antojo, violando incluso a la propia Constitución.”

El ministro Genaro David Góngora Pimentel sostuvo, en el voto concurrente que formuló en el recurso de reclamación 33/2007- CA derivado de la acción de inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007, que la única manera de “garantizar a los mexicanos y a las propias entidades federativas que las reformas a la norma fundamental, son conformes a la Constitución” es mediante “el control del poder” que ejerza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el propósito de esta legisladora es precisamente incluir en el texto constitucional la reforma que planteo, la cual derivará en el objetivo propuesto.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona el artículo 135 Constitucional para quedar en los siguientes términos:

Título Octavo

De las Reformas de la Constitución

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, hará el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

El procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución es susceptible de control jurisdiccional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voto Concurrente, ministro Genaro David Góngora Pimentel, Recurso de Reclamación 33/2007-CA, derivado de la Acción de inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007.

Crónicas del Pleno y de las Salas.- Crónica del Amparo en Revisión 2021/2009.-Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “Improcedencia del Juicio de Amparo en contra de la Reforma Constitucional de 2007 en Materia Electoral”.

Hurtado Javier/ Histórica decisión.- Mural-Guadalajara, 30 abril 2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2015.

Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
Diputada de representación proporcional por la segunda circunscripción, Zacatecas, es Secretaría de la Mesa Directiva.

 

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