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OCT 2014

30

Proyecto de decreto que adiciona los artículos 65 Bis 8 y 65 Bis 9 a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Dip. Ma. del Carmen Martínez Santillán

La suscrita, María del Carmen Martínez Santillán, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 65 Bis 8 y 65 Bis 9 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Mucho antes de la aparición del mutuo, los romanos habían practicado el préstamo con interés por el nexum 1 o por el juego de la estipulación, a tipos de interés por lo demás considerables.

“Las reacciones de los humillares condujeron al legislador, unas veces a prohibir el préstamo con interés y otras, a limitar el tipo de interés; pero esas limitaciones no tuvieron repercusión”2 .

En realidad la historia del mutuo es la historia del préstamo con interés, porque cuando apareció el mutuum, contrato gratuito, en principio, fue generalmente acompañado de una estipulación de interés, cuando recaía en dinero. Sin embargo, en el Derecho Romano, el mutuo, y principalmente de dinero, era siempre gratuito; y esto se explica, porque el mutuo consistía únicamente en la entrega y la restitución, y los intereses debían ser estipulados en negocio separado.

Así las cosas, la obligación de pagar intereses es eventual y no se concibe ligada por el vínculo conmutativo de otra prestación del mismo negocio.

El mutuo, que da idea de recíproco, con correspondencia o igualdad entre las partes, “... y que según Paulo y Gayo, recibió su nombre de que lo “mío” se hace “tuyo” por este contrato, se caracterizaba en el Derecho Romano como contrato real, unilateral y de derecho estricto, perfeccionado por la tradición traslativa de la propiedad, de una cantidad de cosas que se pesan, cuentan o miden, por parte del prestamista al prestatario, quien se obliga a restituir a aquél, en el plazo señalado, una cantidad exactamente igual de cosas de idéntica naturaleza e igual calidad”3 .

El mutuo, es el contrato por el cual una persona, el mutuario, se obliga a devolver a otra, el mutuante, una cosa semejante a la cosa consumible o fungible que se le haya entregado para su uso; pero esto implica tomar la idea conceptual una vez el contrato perfeccionado, con la entrega de la cosa al mutuario; lo que significa partir, después de haber realizado la correspondiente prestación, y no entrar a analizar si ella involucra también una obligación, que por ser simultánea con la tradición, se diluye al yuxtaponerse. Además, no toda entrega es índice de préstamo, si no se considera en conjunto con las demás cláusulas, de manera que armonice esa entrega con los requisitos del contrato; es decir que esa entrega esté supeditada a la devolución de la cosa, en la estructura del mutuo.

En ese contexto, la legislación civil de país, también ha contemplado al contrato de mutuo, el Código Civil Federal, en su título quinto, ha contemplado el mutuo de la manera siguiente:

Capítulo IDel mutuo simple

Artículo 2384. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad.

Artículo 2385. Si en el contrato no se ha fijado plazo para la devolución de lo prestado, se observarán las reglas siguientes:

I. Si el mutuario fuere labrador y el préstamo consistiere en cereales u otros productos del campo, la restitución se hará en la siguiente cosecha de los mismos o semejantes frutos o productos;

II. Lo mismo se observará respecto de los mutuarios que, no siendo labradores, hayan de percibir frutos semejantes por otro título;

III. En los demás casos, la obligación de restituir se rige por lo dispuesto en el artículo 2080.

Artículo 2386. La entrega de la cosa prestada y la restitución de lo prestado se harán en lugar convenido.

Artículo 2387. Cuando no se ha señalado lugar, se observarán las reglas siguientes:

I. La cosa prestada se entregará en el lugar donde se encuentre;

II. La restitución se hará, si el préstamo consiste en efectos, en el lugar donde se recibieron. Si consiste en dinero, en el domicilio del deudor, observándose lo dispuesto en el artículo 2085.

Artículo 2388. Si no fuere posible al mutuario restituir en género, satisfará pagando el valor que la cosa prestada tenía en el tiempo y lugar en que se hizo el préstamo, a juicio de peritos, si no hubiere estipulación en contrario.

Artículo 2389. Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago, sin que la prescripción sea renunciable. Si se pacta que el pago debe hacerse en moneda extranjera, la alteración que ésta experimente en valor, será en daño o beneficio del mutuario.

Artículo 2390. El mutuante es responsable de los perjuicios que sufra el mutuario por la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada, si conoció los defectos y no dio aviso oportuno al mutuario.

Artículo 2391. En el caso de haberse pactado que la restitución se hará cuando pueda o tenga medios el deudor, se observará lo dispuesto en el artículo 2080.

Artículo 2392. No se declararán nulas las deudas contraídas por el menor para proporcionarse los alimentos que necesite, cuando su representante legítimo se encuentre ausente.

Capítulo IIDel mutuo con interés

Artículo 2393. Es permitido estipular interés por el mutuo, ya consista en dinero, ya en géneros.

Artículo 2394. El interés es legal o convencional.

Artículo 2395. El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés convencional es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés legal; pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de éste el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal.

Artículo 2396. Si se ha convenido un interés más alto que el legal, el deudor, después de seis meses contados desde que se celebró el contrato, puede reembolsar el capital, cualquiera que sea el plazo fijado para ello, dando aviso al acreedor con dos meses de anticipación y pagando los intereses vencidos.

Artículo 2397. Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.

Por su parte la garantía prendaria o contrato de garantía, en un sentido lato es todo negocio o acto jurídico que asegure el cumplimiento de una obligación principal, mediante la constitución de una seguridad de carácter personal o real, creada a favor del acreedor, ya sea en forma bilateral o unilateral.

Como se observa, la materia cuadra dentro del ordenamiento del derecho privado, tratándose de un contenido contractual y concretamente de las seguridades que dicho ordenamiento ofrece al interés del acreedor.

En un sentido estricto, contrato de garantía sólo cabe referirlo a las figuras típicas, derivadas del Derecho Romano, que se enuncian más adelante.

En el Derecho Romano se conocieron figuras de la garantía personal y real. Dentro del primer tipo sobresalen: la sponsio, la fidepromisio y la fideiussio, a cuyas expresiones nos remitimos en el vocabulario de la presente obra.

Entre los contratos con garantía real se distinguieron: la fiducia, el pignus, la hipoteca y la anticresis.

Mediante todas esas formas contractuales se buscaba asegurar al acreedor, mediante convenio con el garante, expreso o implícito, el cumplimiento de la prestación principal.

En el ordenamiento jurídico moderno las seguridades reales y personales se han desarrollado sobre el esquema del Derecho Romano y sus figuras típicas. Los ordenamientos legales organizan el sistema de garantía del cumplimiento de las obligaciones en el derecho privado, teniendo en cuenta la distinción romana en garantías personales y reales.

El contrato de garantía, en general, es aquel que se conviene entre las partes interesadas, en forma contemporánea o sucesiva (deudor, acreedor y fiador o garante), que fuera de las figuras típicas señaladas, puede ser un contrato accesorio, innominado o unilateral, que asegure por medio de un compromiso real, aunque implícito o eventual, el cumplimiento de una obligación contraída por el deudor, de parte de una tercera persona obligada.

Actualmente, la figura típica del contrato de garantía personal lo constituye la fianza. Los contratos de garantía real en nuestro derecho son: la prenda, la hipoteca y la anticresis.

En la clasificación doctrinaria de los contratos figura entre los contratos accesorios con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del principal.

En este sentido se le aplican las conocidas reglas basadas en el principio, también romano: “lo accesorio, salvo estipulación expresa en contrario, sigue la suerte del principal”.

En doctrina se discute si la promesa de garantía constituye una obligación contractual.

Sobre todo si ha sido vertida en forma escrita o con principio de prueba escrita. En la doctrina de la corte de casación francesa se ha sostenido: 1) Que toda promesa de garantía o de afianzamiento, dado el caso concreto, hecha en forma seria y con fin jurídico, importa una verdadera obligación. 2) Que dicha estipulación constituye un contrato innominado, válido y obligatorio con fuerza semejante a la que surge de una fianza civil. 3) Que se diferencia de la fianza civil en que los efectos especiales de tal contrato de garantía, no importa el ejercicio de la excusión y de la división.

Los caracteres del contrato son los siguientes:

a) Es un verdadero contrato de garantía personal que, dado el caso, puede ser en su inicio, unilateral, con desconocimiento previo del acreedor, que luego, en el momento de la ejecución, debe ser determinado.

b) Es un contrato innominado, que no es el típico de fianza, porque el deudor no es representante del acreedor.

c) Aquí se trata de una estipulación por otra persona, que es válida con respecto al acreedor, en cuyo beneficio se ha convenido en intima instancia.

Las casas de empeño, se denomina así al establecimiento que está dedicado habitualmente a prestar dinero mediante empeño de efectos, alhajas, ropas, etcétera.

La casa de empeño, como el prestamista habitual, hicieron su aparición en los tiempos más remotos, y su licitud no puede ponerse en duda, a condición de que los préstamos con garantía prendaria, o sea la cosa empeñada, no se convierta en préstamo usurario, abusando de quienes necesitan ayuda económica.

Corrientemente las legislaciones, a fin de evitar los posibles abusos, establecen normas de vigilancia e inspección de esos establecimientos, e incluso crean instituciones oficiales que realizan tales operaciones con un sentido social y honesto. Tales, por ejemplo, los bancos municipales de préstamos y los montes de piedad, cuyo origen se remontan al siglo XV.

Desafortunadamente, en México los requisitos para operar una casa de empeño han sido muy laxos, a efecto de dar una movilidad económica a las personas que recurren a este tipo de establecimientos a efectuar sus operaciones, empero, ha sido esa falta de regulación y control, lo que ha permitido que cientos de objetos robados terminen en las casas de empeño, al no verificar que el pignorante sea efectivamente el legítimo propietario de los bienes que se dejan en garantía.

Cada vez son más frecuentes los casos en que las procuradurías locales han cerrado casas de empeño por negarse a dar informes sobre los bienes que tienen en sus establecimientos, por lo que se han abierto las investigaciones correspondientes, resultando que varios de los objetos empeñados eran de procedencia ilícita.

Lo anterior derivado de la flexibilidad con que los pignorantes pueden celebrar el contrato de mutuo con interés y garantía prendaria, sin que en momento alguno las casas de empeño les pidan acreditar la legal propiedad de los bienes.

Es por ello que el objetivo de la presente iniciativa radica en adicionar los artículos 65 Bis 8 y 65 Bis 9 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con la finalidad de que en los mismos se contemple, por un lado, la obligación por parte de las casas de empeño, exigir a los clientes el documento o documentos que acrediten la legal propiedad de los bienes motivo de las contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, que realicen.

Asimismo, será obligatorio para las casas de empeño, presentar un informe de manera trimestral, a la procuraduría general de justicia de la entidad federativa en que se asienten, el cual deberá de contener:

I. Nombre de la casa de empeño.

II. Nombre y documento que acrediten la personalidad, cuando se trate de personas morales o jurídico colectivas.

III. Número de registro ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

IV. Nombre y domicilio del cliente.

V. Copia fotostática simple de la identificación del cliente.

VI. Descripción de los bienes motivo del empeño (número de serie, modelo, color y características).

VII. Copia fotostática simple del documento o documentos que acrediten la legal propiedad del bien empeñado.

Lo anterior, con la finalidad de que las procuradurías puedan revisar, identificar y llevar un control de aquellos objetos que pueden tener una procedencia ilícita, con la finalidad de asegurarlos y continuar con la investigación penal correspondientes, en contra de la persona que haya realizado la operación de empeño.

Con base a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona los artículos 65 Bis 8 y 65 Bis 9, a la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo Único. Se adiciona los artículos 65 Bis 8 y 65 Bis 9, a la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

Artículo 65 Bis 8. Será obligatorio para las casas de empeño exigir a los clientes el documento o documentos que acrediten la legal propiedad de los bienes motivo de las contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria que realicen.

Artículo 65 Bis 9. Las casas de empeño tendrán la obligación de rendir un informe de manera trimestral a la procuraduría general de justicia de la entidad federativa en que se asienten, el cual deberá de contener:

I. Nombre de la casa de empeño.

II. Nombre y documento que acrediten la personalidad, cuando se trate de personas morales o jurídico colectivas.

III. Número de registro ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

IV. Nombre y domicilio del cliente.

V. Copia fotostática simple de la identificación del cliente.

VI. Descripción de los bienes motivo del empeño (número de serie, modelo, color y características).

VII. Copia fotostática simple del documento u documentos que acrediten la legal propiedad del bien empeñado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. Del latín “nectere”, cuyo significado era atarse o ligarse, fue una antigua forma de constituir el vínculo obligacional en el Derecho Romano, que requería la pronunciación de palabras solemnes, mediante formalidades similares a las de la “mancipatio” (por el cobre y la balanza), por el cual el deudor se automancipaba, sometiéndose a la potestas de su acreedor. Por el “nexum” se establecía un vínculo físico que posibilitaba al acreedor ejercer la “manus iniectio”, poniendo mano sobre la persona del deudor en caso de incumplimiento, sin hacer uso de las acciones declarativas para lograr una sentencia condenatoria, en el sistema de las legis actiones. Mientras tanto, quedaba en un estado de prisión redimible (http://derecho.laguia2000.com/derecho-romano/nexum#ixzz3F05oFIGt).

2. Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil, III parte, Volumen IV; ed. Bs. As. 1962, pág. 454.

3. Mazeaud, Ob. Cit., p. 454.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.

María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica)
Diputada de representación proporcional por la quinta circunscripción, Michoacán. Es Secretaria de la Comisión de Vivienda e integrante de las de Ganadería y Salud.

 

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