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OCT 2014

30

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Dip. Lilia Aguilar Gil

La suscrita, Lilia Aguilar Gil, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal en materia de desaparición forzada, lo anterior al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Dentro del informe del Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, de la Misión México en diciembre de 2011, se concluyó que no existe una política pública integral y un marco legal que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desaparición forzada.

Conforme al derecho internacional, la desaparición forzada constituye un delito continuo, en virtud de que persiste en el tiempo y continúa causando estragos en los familiares de la víctima ya que mientras desconocen el paradero de la víctima, no saben qué fue lo que le ocurrió.

El Estado mexicano ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales relacionados con la desaparición forzada, tal es el caso de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y de igual manera el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que fue adoptada en Belem do Para, Brasil, en junio de 1994, suscrito por el gobierno mexicano y debidamente ratificado por el Senado de la República en febrero de 2002.

En ambos ordenamientos los países que lo firman, incluido el nuestro, se comprometen a expedir legislaciones para prevenir, tipificar y sancionar la compleja conducta antijurídica denominada desaparición forzada de personas, considerándola también como un crimen de lesa humanidad y caracterizándola como la aprehensión, detención o secuestro de personas por parte de agentes del estado, o por grupos de individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación, con el fin de sustraer a la persona a la protección de la ley.

Las consideraciones importantes del convenio mencionan que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de carácter inderogable, tal como están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En ese orden reafirman que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, establece en sus primeros tres artículos, los ejes rectores, acciones y medidas legislativas que como estado parte deben realizarse:

Artículo I

Los estados parte en esta convención se comprometen a:

a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales;

b) Sancionar, en el ámbito de su jurisdicción, a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo;

c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y

d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente convención.

Artículo II

Para los efectos de la presente convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Artículo III

Los estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fuere necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.

Por otra parte el 22 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Promulgación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 2006.

El gobierno de México firmó la convención el 6 de febrero de 2007. Posteriormente, el 18 de marzo de 2008, depositó el documento de ratificación ante el secretario general de Naciones Unidas.

La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ya comentada líneas arriba, si bien no otorga una definición, ofrece elementos importantes en torno a lo que es la desaparición forzada de personas:

1. Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana. Es condenado como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y como una violación grave manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales pertinentes.

2. Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro.

De igual forma la convención internacional, en su artículo 2, estipula que:

[...] se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Desde hace varios años vienen presentándose quejas recurrentes de madres y padres de familia y esposas, las cuales denuncian la desaparición forzada de sus esposos o hijos, a través de métodos violentos conocidos coloquialmente como levantones, en un número que se ha venido incrementando a nivel nacional.

El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW) ha declarado que “las desapariciones representan una crisis de derechos humanos de enormes proporciones para México. Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto está muy lejos de cumplir con su compromiso de esclarecer qué le sucedió a los miles de personas cuyo paradero se desconoce, y ahora incluso recorta el presupuesto de la unidad especial de la Procuraduría General de la República (PGR) que este mismo gobierno creó para ocuparse de estos casos.

La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, anunció que el número de personas no localizadas es 22 mil 322.

Sin embargo, esta cifra oficial se encuentra muy lejos de la cifra real al no registrar adecuadamente las desapariciones, ni llevarse a cabo investigaciones profundas y eficaces, por lo que en la gran mayoría de los casos nunca se llega a identificar a los responsables, y mucho menos que los responsables de dichas desapariciones sean sancionados por tal conducta.

A menudo se culpa a la delincuencia organizada pero esta presunción casi nunca se basa en una investigación exhaustiva. Ya que es la resolución de la autoridad correspondiente para evadir lo que está aconteciendo en el país.

El caso Rosendo Radilla y la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, marcan un referente en el acceso a la justicia mexicana.

La corte interamericana sentenció al Estado mexicano entre otras cosas a: Tipificar adecuadamente el delito de desaparición forzada de personas, es decir reformar el artículo 215 del Código Penal Federal conforme a los instrumentos internacionales.

Así como implementar un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, dirigido a agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República y jueces del Poder Judicial de la Federación. Ya que dicen que en este tipo de casos, las autoridades encargadas de la investigación deberán ser entrenadas para el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, la valoración de los padrones sistemáticos que puedan dar origen a los hechos que se investigan y la localización de personas desaparecidas de manera forzada.

La legislación en materia de derechos humanos en México se ha avanzado considerablemente, la reforma constitucional de junio de 2011, en dichas reformas se incluyó los tratados internacionales de los derechos humanos y el principio pro persona, término reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica de los tribunales internacionales encargados de la protección y tutela de los mismos derechos.

La reforma aprobada en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por lo que todo derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, en todos los niveles de gobierno.

La legislación nacional en específico el Código Penal Federal sólo establece el tipo penal de desaparición forzada pero no cumple con las normas internacionales por lo que es el motivo principal de esta iniciativa que es armonizar la legislación nacional con los tratados internacionales en la materia.

Amnistía Internacional ha comprobado que sólo 13 estados han aprobado leyes estatales que tipifican como delito la desaparición. Pero incluso, aun cuando se ha aprobado una ley, no cumplen del todo con las normas internacionales.

En la mayoría de las entidades federativas, la legislación no incluye el delito de desaparición, únicamente los de secuestro o privación ilegal de la libertad.

Es decir, la definición del delito de desaparición forzada no incluye ninguna referencia hacia la autorización, el apoyo o el consentimiento de funcionarios públicos, por lo que se propone reformar el Capítulo III Bis denominado Desaparición Forzada de Personas para armonizarlo con los convenios internacionales en la materia.

Estamos ciertos de que el Poder Legislativo debe continuar avanzado en reformas que permitan estar a la vanguardia y tener una legislación acorde a la sociedad y los tiempos que se viven.

Texto vigente

Capítulo III Bis
Desaparición forzada de personas

Artículo 215 A. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.

Artículo 215 C. Al servidor público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de uno a veinte años para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos.

Sin referente

Propuesta

Capítulo III Bis
Desaparición forzada de personas

Artículo 215 A. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público, o el particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, conocimiento o dirección de aquel u otro servidor público, detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la víctima, con la cual se impide el ejercicio de recursos legales y las garantías procesales procedentes.

Este delito se considera permanente hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la víctima si durante la Comisión del delito se cometiere otro en contra de la víctima, se aplicarán las reglas del concurso.

Artículo 215 C. Al responsable de la comisión del delito de desaparición forzada de personas se le incrementará la pena de prisión en una mitad que le corresponda, cuando:

I. Sea superior jerárquico de un servidor público participante en la comisión del delito y haya tenido conocimiento de su comisión y no ejerciere su autoridad para evitarlo;

II. El sujeto pasivo del delito sea persona con discapacidad, migrante, menor de 18 años, mayor de 60 años, indígena, o mujer embarazada;

III. Se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito; o

IV. Se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Al servidor público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de uno a veinte años para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos.

Artículo 215 E. El Estado mexicano responderá solidariamente ante la víctima u ofendido del delito por la comisión del mismo por parte de sus servidores públicos. Dicha responsabilidad incluirá el pago de los daños y perjuicios, para lo cual, el Ministerio Público estará obligado a solicitar al juez dicha reparación y el juez a resolver en la sentencia fijando la cantidad líquida en beneficio de la víctima o del ofendido.

Ante las consideraciones ante expuestas, me permito someter a consideración de esta asamblea el presente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal

Único. Se reforma el artículo 215 A; el artículo 215 C; y se adiciona un artículo 215 E, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo III Bis
Desaparición forzada de personas

Artículo 215 A. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público, o el particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, conocimiento o dirección de aquel u otro servidor público; detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la víctima, con la cual se impide el ejercicio de recursos legales y las garantías procesales procedentes.

Este delito se considera permanente hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la víctima si durante la comisión del delito se cometiere otro en contra de la víctima, se aplicarán las reglas del concurso.

Artículo 215 C. Al responsable de la comisión del delito de desaparición forzada de personas se le incrementará la pena de prisión en una mitad que le corresponda, cuando:

I. Sea superior jerárquico de un servidor público participante en la comisión del delito y haya tenido conocimiento de su comisión y no ejerciere su autoridad para evitarlo;

II. El sujeto pasivo del delito sea persona con discapacidad, migrante, menor de 18 años, mayor de 60 años, indígena, o mujer embarazada;

III. Se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito; o

IV. Se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Al servidor público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de uno a veinte años para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos.

Artículo 215 E. El Estado mexicano responderá solidariamente ante la víctima u ofendido del delito por la comisión del mismo por parte de sus servidores públicos. Dicha responsabilidad incluirá el pago de los daños y perjuicios, para lo cual, el Ministerio Público estará obligado a solicitar al juez dicha reparación y el juez a resolver en la sentencia fijando la cantidad líquida en beneficio de la víctima o del ofendido.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Diputada de representación proporcional por la primera circunscripción, Chihuahua. Es secretaria de la Comisión de Economía e integrante de las de Justicia y Radio y Televisión.

 

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