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NOV 2014

11

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dip. Lilia Aguilar Gil

La suscrita, Lilia Aguilar Gil, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por él se reforman y adicionan los artículos 6, 109, 111, 116 y 122 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de buen gobierno y combate a la corrupción, al tenor de la siguiente:

Planteamiento del problema

La corrupción en México la falta de honestidad y debido cumplimiento de las funciones de los servidores públicos llevan a la necesidad de dotar de contenido a uno de los derechos bases de un Estado democrático de derecho, el derecho a un gobierno honesto, eficiente y transparente. Actualmente existen una serie de instituciones y normas que construyen las obligaciones de los servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas y buen manejo de recursos públicos y respeto a los derechos humanos, sin embargo la necesidad de un derecho al buen gobierno que se sujete a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como un órgano que le permita a la ciudadanía evaluar las políticas que en materia de buen gobierno y combate a la corrupción se realicen resulta indispensable.

Exposición de Motivos

Desde la construcción de nuestro país se han diseñado instituciones que tienen como fin generar un adecuado manejo de recursos públicos; en 1984 se creó la Contaduría Mayor de Hacienda con el fin de arreglo de la Administración Pública que después de cambios de nombre y reformas, subsiste hasta nuestro días como la Auditoría Superior de la Federación, organismo de control externo que rinde cuentas al Legislativo.

Posteriormente en 1917 con el presidente Carranza se creó el Departamento de Contraloría como órgano autónomo, cuyas funciones en 1933 se transfirieron a la Tesorería de la Federación. En cuanto al control interno, en 1981 el presidente de la Madrid creó la Secretaría de la Contraloría General de la federación, que hoy corresponde a la casi abrogada Secretaría de la Función Pública.

En los otros Poderes de la federación, el control interno no surgió hasta entrada la década de los noventa. En el Poder Judicial, dicha función corresponde al Consejo de la Judicatura Federal el cual fue instalado en 1995, en virtud de las modificaciones constitucionales realizadas en 1994. Por su parte, en el Poder Legislativo, se instaló la contraloría interna en la Cámara de Diputados en 1994 y el órgano correspondiente en la Cámara de Senadores hasta 2000.

Este diseño institucional que se busca reformar a través de diversas iniciativas presentadas tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, debe aparejar la consagración del derecho de las personas a un gobierno honesto, eficiente y transparente.

La corrupción es un fenómeno social, político y económico complejo, en este sentido el combate de este problema para lograr un buen gobierno debe de involucrar a la ciudadanía para recuperar la confianza en las instituciones y políticas que durante más de 200 años el país ha construido y ejecutado.

Conforme a datos del Barómetro de Corrupción 2013, uno de cada tres encuestados reportó haber pagado sobornos en el último año. Entre las instituciones con mayor número de reportes, con las cuales se tuvo contacto para realizar un servicio, se encuentran: la policía (61 por ciento); el sistema judicial (51 por ciento) y el sector de la construcción (31 por ciento).

En este sentido, es importante reconocer que la corrupción en un país está ligada a la concentración de poder, la discrecionalidad de los funcionarios públicos en su actuar y la transparencia con que llevan a cabo sus competencias; así como la impunidad en los tribunales. En este sentido el control ciudadano no debe estar solamente en el manejo de los recursos públicos, sino de aquellas actividades que incentivan las prácticas de corrupción, principalmente en los tribunales.

Para el debido reconocimiento de la ciudadanía, debe considerarse que la corrupción puede presentarse de diversas maneras como es el soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales, la compra y venta de las decisiones judiciales, influencia en decisiones legislativas, entre otras. No obstante, todas estas pueden tener estructuras distintas, en cuando menos tres perspectivas, que es importante analizar al momento de diseñar instituciones para combatirla e incluir a la ciudadanía:

• En cuanto al tipo de funcionarios que se ven involucrados: corrupción de mandos medios, bajos y personal de base; así como la alta corrupción. Esta última principalmente afrontada mediante juicio político.

• En cuanto al grado de compenetración: corrupción genérica y corrupción profunda. La primera se refiere a las conductas esporádicas o continuas que implican que los funcionarios públicos reciben un beneficio extraordinario por la acción indebida u omisión en el ejercicio de sus funciones. La segunda se refiera a los casos en que los servidores públicos dejan de llevar a cabo en su conjunto las funciones con que fueron investidos.

• En cuanto al objeto de las acciones de corrupción: corrupción para obtener un derecho o corrupción para obtener un favor. La primera implica aquellas acciones que buscan intercambiar un favor al servidor público a cambio de que éste acceda a reconocer al ciudadano un derecho establecido en las leyes y normas aplicables; la segunda se refiere a aquellas acciones que a cambio de un beneficio para el servidor público, el ciudadano obtiene algo a lo que no tiene derecho conforme al marco jurídico aplicable.

Conforme a lo anterior, se advierte que según la estructura de la corrupción que se combata el ciudadano puede tener una mayor o menor participación en distintos ámbitos. Por ejemplo, se deben avocar los esfuerzos en promover la participación activa de las personas para denunciar los actos de corrupción a los que son sujetos cuando buscan ejercer un derecho o realizar un trámite ante dependencias de la Administración Pública, ya que la fuente primaria para evaluar adecuadamente este tipo de corrupción las personas que se ven obligadas a entregar dádivas de distintos géneros a los servidores con el fin de que le sean atendidos conforme a derecho.

Asimismo, se requiere distinguir la forma en que se involucra el ciudadano en la denuncia de altos funcionarios y la posibilidad de que terceros como organizaciones de la sociedad civil se involucren en el seguimiento de los procedimientos por responsabilidades administrativas graves y de corrupción cuando el interés público lo amerite.

Finalmente, en aquellos casos en que la corrupción sea sistémica a tal punto que los servidores públicos dejen de llevar a cabo las funciones para realizar acciones fuera del marco legal, y las acciones anticorrupción dependan en gran medida del diseño y aplicación de políticas públicas de alto impacto, la acción ciudadana debe enfocarse en la etapa evaluación de las políticas aplicadas y en la elaboración de recomendación a las instancias ejecutoras.

En este tenor, se contempla la participación ciudadana como un elemento sine qua non para hacer frente a la corrupción brindándole las herramientas jurídicas necesarias para que pueda exigir el buen gobierno a todas las autoridades e ideando espacios concretos para que su participación no quede en términos abstractos e irrealizables.

La presente iniciativa se somete a su consideración como complemento de aquellas que contemplan la reforma al marco normativo e institucional en materia de combate a la corrupción y que actualmente se encuentran en consideración de las comisiones respectivas. Con el entendimiento de que no sólo es necesario adecuar el marco normativo a las circunstancias actuales, sino empoderar a la ciudadanía en el esfuerzo de procurar un buen gobierno.

Por lo expuesto y fundado, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Trabajo presenta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adicionan y reforman los artículos 6, 109, 111, 116 y 122 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de buen gobierno y combate a la corrupción.

Artículo 6o. ...

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Toda persona tiene derecho a un gobierno honesto, eficiente y transparente.

En la persecución de delitos que atenten contra el buen gobierno, así como en las investigaciones y procedimientos por la comisión de responsabilidades administrativas graves, no será oponible la absoluta secrecía y deberá considerarse el interés del público de darle seguimiento a la investigación, sin perjuicio de que se adopten las medidas necesarias para su consecución.

...

A. ...

B. ...

C. En materia de buen gobierno, honesto, eficiente y transparente, se crea un consejo integrado por 11 consejeros ciudadanos que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que bianualmente serán sustituidos los tres de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.

El consejo evaluará la política que en materia de combate a la corrupción y buen gobierno ejecuten las instituciones de los tres poderes de la Unión y organismos autónomos en materia de combate a la corrupción, fiscalización, control, transparencia y rendición de cuentas y emitirá recomendaciones vinculantes a las mismas. Asimismo propondrá ante las instancias correspondientes las políticas y acciones que en materia de control social y participación ciudadana se deban implementar en el combate a la corrupción, para lo cual deberá evaluar el tipo y estructura de práctica a combatir.

Toda autoridad y servidor público estará obligado a rendir los informes que el consejo y sus integrantes requieran para el buen desempeño de sus funciones.

La ley que el Congreso de la Unión expida en la materia regulará las demás facultades que tenga el Consejo ciudadano para lograr los fines referidos.

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos, combate a la corrupción y buen gobierno, así como las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I. ...

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II. ...

III. ...

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Las leyes dispondrán la forma en que las personas le podrán dar seguimiento a los casos de responsabilidades administrativas.

Artículo 111. ...

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Los ciudadanos tendrán derecho a darle seguimiento al procedimiento a que se refiere el presente artículo, para lo cual la ley determinará la forma en que el denununciante y terceros podrán acceder a información del mismo.

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En los casos en que el procedimiento estipulado en el presente artículo sea resultado de una denuncia ciudadana, la persona que la haya presentado tiene derecho a reservarse su identidad.

Artículo 116. ...

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X. Las Constituciones de los Estados establecerán los consejos ciudadanos, responsables de evaluar las políticas que en materia de combate a la corrupción y buen gobierno, sean implementadas por las instituciones en materia de combate a la corrupción, fiscalización, control, transparencia y rendición de cuentas, de los tres poderes y organismos autónomos.

Artículo 122. ...

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C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

Base Primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:

...

r) El Distrito Federal contará con un Consejo ciudadano, responsable de evaluar las políticas que en materia de combate a la corrupción y buen gobierno, sean implementadas por las instituciones en materia de combate a la corrupción, fiscalización, control, transparencia y rendición de cuentas, de los tres poderes y organismos autónomos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión contará con un plazo de ciento ochenta días contados a partir la entrada en vigor del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para expedir la ley que regule el funcionamiento del Consejo ciudadano en materia de buen gobierno y combate a la corrupción.

Tercero. Los estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizar las adecuaciones al marco jurídico relativo al buen gobierno y combate a la corrupción, en un término no mayor a noventa días a partir de las modificaciones referidas en el transitorio segundo.

Cuarto. Los estados y el Distrito Federal deberán crear los consejos ciudadanos encargados de la evaluación del buen gobierno y destinar los recursos necesarios para su funcionamiento.

Quinto. El Congreso de la Unión deberá destinar los recursos necesarios para el funcionamiento del Consejo ciudadano en materia de buen gobierno para que cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para dar eficaz cumplimiento a las atribuciones conferidas en esta Constitución. Las partidas presupuestales para cumplir con lo anterior deberán ser contempladas en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los sucesivos.

Sexto. El consejo ciudadano deberá expedir las normas legales y o reglamentos conducentes.

Séptimo. El Congreso de la Unión deberá destinar los recursos en las partidas presupuestales necesarios para que el Consejo ciudadano en materia de buen gobierno.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2014.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Diputada de representación proporcional por la primera circunscripción, Chihuahua. Es secretaria de la Comisión de Economía e integrante de las de Justicia y Radio y Televisión.

 

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