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SEP 2014

23

Proyecto de decreto que reforma el artículo 185 de la Ley Agraria.

Dip. Ma. del Carmen Martínez Santillán

Que reforma el artículo 185 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, María del Carmen Martínez Santillán, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La tendencia actual del derecho, sobre todo cuando ya se encuentra en vías un juicio, ha sido la de buscar mecanismos alternativos, a efecto de que las partes puedan dirimir sus controversias de una manera personal y más amigable, a través de mecanismo alternativos de solución de conflictos como la mediación y la conciliación.

Guillermo Cabanellas define a la mediación como la “Participación secundaria en un negocio ajeno, a fin de prestar algún servicio a las partes o interesados. // Apaciguamiento, real o intentado, en una controversia, conflicto o lucha. // Facilitación de un contrato, presentado a las partes u opinión acerca de uno de sus aspectos.// Intervención. // Intercesión....”1

Por su parte, la conciliación ha sido definida por el maestro Joaquín Escriche como “Un acto (...) que tiene por objeto evitar el pleito que alguno quiere entablar, procurando que las partes, se avengan o transijan sobre el asunto que da motivo a él...”2

Siguiendo la tendencia en líneas descritas, la Ley Agraria la retomó a efecto de que, durante el procedimiento agrario, los Tribunales, invitarán en todo momento a las partes a solucionar sus conflictos, aveniendo a las partes y en caso de lograr la composición, se firmaría el convenio correspondiente, mismo que debe ser sancionado y calificado por el Tribunal Unitario Agrario, a efecto de que, con posterioridad dicho convenio se pueda elevar a la categoría de sentencia definitiva.

Ahora bien, si el convenio que firmen las partes con posterioridad adquiere la categoría de sentencia y el artículo 189 de la Ley Agraria establece que las sentencias deben cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia, por tal motivo los convenios firmados también deben cumplir con dichos principios, lo que actualmente no está establecido en la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

Ahora bien, el principio de exhaustividad consiste en que la sentencia se pronuncié respecto a todas y cada una de las pretensiones que las partes hayan interpuesto, ya sea como acciones o excepciones y defensas.

Por su parte el principio de congruencia, de acuerdo a Aragonones Alonso, quien es citado por el catedrático José Becerra Bautista, consiste en “... aquel principio normativo dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente, por los litigante, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso por el ordenamiento jurídico.”3

De lo mencionado con antelación, se puede observar que la congruencia de las sentencias puede dividirse en una interna y otra externa, la primera consiste en que dentro del dictado de la sentencia, no contenga argumentos contradictorios entre sí; y a la segunda, consiste en que la sentencia debe coherente al resolver lo que las partes pidieron así como en la valoración de las pruebas ofrecidas en juicio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Primer Sala, ha establecido y definido los principios de congruencia y exhaustividad en las jurisprudencias y tesis, que a continuación se transcriben:

Novena Época
Registro: 1005120
Instancia: Primera Sala
Jurisprudencias
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011
Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Sentencias en amparo contra leyes y sus efectos
Materia(s): Común
Tesis: 322
Página: 3997

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.

Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados.

Amparo en revisión 383/2000.—Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V.—24 de mayo de 2000.—Cinco votos.—Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Secretaria: Leticia Flores Díaz.

Amparo en revisión 966/2003.—Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V.—25 de febrero de 2004.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.—Ponente: Juan N. Silva Meza.—Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

Amparo en revisión 312/2004.—Luis Ramiro Espino Rosales.—26 de mayo de 2004.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Humberto Román Palacios.—Ponente: José Ramón Cossío Díaz.—Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Amparo en revisión 883/2004.—Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V.—3 de septiembre de 2004.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: José Ramón Cossío Díaz.—Secretario: Francisco Javier Solís López.

Amparo en revisión 1182/2004.—José Carlos Vázquez Rodríguez y otro.—6 de octubre de 2004.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: José Ramón Cossío Díaz.—Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Tesis de jurisprudencia 33/2005.—Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 108, Primera Sala, tesis 1a./J. 33/2005; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 109.

Por lo que en ese orden de ideas, y avocados a la materia de la presente iniciativa, la Ley Agraria en vigor, en su artículo 189 establece que las sentencias que dicten los tribunales tienen que ser consonantes con los principios de exhaustividad y congruencia, tal y como lo ha determinado el Poder Judicial de la Federación.

Por su parte el principio de equidad consiste, de acuerdo a Guillermo Cabanellas, en:

“La fidelidad y paralelismo con que lo acompaña, llevaría a decir que la equidad es la sombra del Derecho, si cuando de ella se ha pensado y escrito desde los albores jurídicos de la humanidad no la presentaran como su luz o complemento, ante la oscuridad o desamparo de la norma legal o frente a rigores y estragos de su aplicación estricta. Ya por su etimología, de latín equitas, igualdad, la equidad implica la idea de relación y armonía entre una cosa y aquello que le es propio, y se adapta a su naturaleza intima.

Antes de reflejar la opinión de los técnicos, y por los quilates que siempre ha de reconocérsele al pensamiento de la Academia Española, reproducimos las cuatro aceptaciones que en su Diccionario principal inserta: “Igualdad de ánimo. Bondadosa templanza habitual; propensión a dejarse guiar o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley, Justicia Natural por oposición a la letra de la ley positiva. Moderación en el precio de las cosas que se compran o en las condiciones que se estipulan para los contratos.

Como rosario o muestrario enunciativo, insertamos algunas definiciones y juicios vertidos sobre la equidad desde el clasicismo antiguo hasta la técnica de nuestros tiempos. La equidad ha sido considerada como juris legitimi enmendatio (legitima corrección del Derecho), según Aristóteles; como legis supplementum (suplemento de la ley), que debía suplir a la ley, y a la cual debería acudirse para interpretar ésta y que había de prevalecer en caso de duda, según diversos aforismos romanos y justinianeos.

Ha sido caracterizada como el sueño del que sufre, como el tacto moral del juez, cual la razón intrínseca del Derecho (Mayans); “la previsión que templa la fuerza de la ley, la influencia benéfica que le da una ductilidad conveniente, la compañera de la justicia” (Gutiérrez); la conciencia de la verdad moral; el difícil discernimiento de lo justo y de lo injunto; “el Derecho adaptado a las relaciones de hecho” (Windscheid); “la atmósfera de equilibrio que preside la formación del Derecho, su aplicación y su observancia” (Bortolotto); “la consideración de la individualidad en las personas y relaciones” (Puchta); “un principio de interpretación, no una fuente de Derecho” (Giner de los Ríos); la rectitud y hasta la justicia; aunque precisamente por la mayoría se opone a ésta y por todo se diferencian ambas ideas.

La equidad, realmente, no es incompatible con la justicia; sino que, al contrario, aquilata el valor de ésta, la afianza, le da vida. La equidad atenúa en efecto la norma de Derecho positivo, disminuye el rigor de la ley cuando ésta es concebida como contraria a los principios de justicia; pero no es, en realidad, una fuente del Derecho. Tal sistema es el adoptado por el legislador francés, italiano, español y argentino. Los Códigos civiles de estos países no mencionan la equidad, omitiéndola intencionalmente, como fuente de Derecho.

La equidad puede servir de criterio al juez cuando el Derecho positivo se lo permite, pero no cuando expresamente se excluye la equidad en su aplicación por preceptos legales. Así, por ejemplo, el artículo 59 del Cód. de Proc. Civ. y Com. de la Cap. Fed. arg. dispone: “El juez debe resolver siempre según la ley. Nunca le es permitido juzgar del valor intrínseco o de la equidad de la ley”. Y el art. 60 expresa: “El juez debe interpretar la ley según su ciencia y conciencia, con relación al caso que debe decidir”. Pero es el art. 62 el que mejor expresa la norma: “Cuando ocurra negocio que no pueda resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, se acudirá a los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, a los principios generales del Derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso”.

Asimismo, al definir las obligaciones naturales, por contraposición a las civiles, el artículo 515 del Código Civil arg. tiene por tales las que, “fundadas sólo en el Derecho Natural y en la equidad no confieren acción para exigir su cumplimiento; pero que, cumplidas por el deudor, autorizan para retener lo que se ha dado por razón de ellas”.

En el Derecho español, el Trib. Supr. ha entendido que los principios generales del Derecho, a los cuales se remite el art. 69 del Cód. Civil, cuando no haya ley exactamente aplicable, ni costumbre a falta de ella, no son otra cosa que la equidad; y que sirve asimismo, ésta para interpretar los contratos, pero sin poder prevalecer ni contra las disposiciones legales ni sobre las estipulaciones convenidas (sentencia del 29 de noviembre de 1899); porque en definitiva no cabe prescindir del axioma dura lex set servanda (aun dura, la ley ha de aplicarse). No obstante, el propio Cód. Civ. se refiere a la equidad en las obligaciones con cláusula penal, donde declara: “El juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiere sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor” (art. 1.154). De modo más correcto aún, al tratar del contrato de sociedad, dice en el art. 1.690: “Si los socios han convenido en confiar a un tercero la designación de la parte de cada uno en las ganancias y pérdidas, solamente podrá ser impugnada la designación hecha por él cuando evidentemente haya faltado a la equidad”.

Es interesante consignar la disposición contenida en el art. 47 de la Ley esp. de Jurados Mixtos, donde se determina que el juez deberá fallar de acuerdo con la equidad. En materia laboral, por lo tanto, la libertad de apreciación del juez se señala precisamente por la admisión expresa de la equidad como fuente de Derecho. Ahora bien, cabe repetir la frase de aquellas litigantes que en Francia, siglos atrás, clamaban diciendo: ¡Líbrenos Dios de la equidad. Precisamente por no estar definida, ni siquiera determinados sus puntos esenciales, es peligrosa esta aplicación de la equidad como fuente de Derecho.”4

Por lo que en ese sentido, y con las acotaciones precisadas con antelación, el diverso dispositivo 185, fracción VI de la Ley Agraria, establece que: “En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la aveniencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia...”

En ese orden de ideas, la finalidad de la ley es tutelar a los sujetos agrarios, en cuanto a sus derechos y pretensiones, corresponde precisamente al Tribunal Agrario, que interviene en el caso, y a la que le compete sancionarlos, dar forma tanto interna como externa al convenio, teniendo facultad para ordenar de oficio la práctica de las diligencias que estime conducentes para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados por las partes en el litigio. Así, una vez que el acuerdo de voluntades sea elevado a la categoría de sentencia, y llegado el momento de la ejecución, sus alcances se encontrarán delimitados para procurar su cumplimiento exacto, por lo que el citado órgano agrario, antes de sancionarlo, debe verificar que se colmen los principios de exhaustividad y congruencia.

Empero, como la Ley no lo contempla de manera clara y precisa, se han suscitado en la práctica, diverso problemas legales en los que, el convenio celebrado por las partes no incluyó todos los puntos litigiosos, ya fuese como acción o excepción, lo que al momento de ejecución del convenio, viola los derechos y garantías constitucionales de los sujetos agrarios, lo cual es de imposible reparación dado que el convenio se elevó a la categoría de cosa juzgada.

Es por ello, que el objetivo de la presente iniciativa, radica en modificar la fracción sexta del artículo 185 de la Ley Agrario, a efecto de que, de manera clara y precisa se contenga expresamente la obligación de la Autoridad Agraria de que en el convenio que las partes realicen, previo a su calificación, se analice si el mismo cumple con los multimencionados principios de exhaustividad, congruencia y equidad, ello con la finalidad de que no se vulneren derechos y garantías de las partes.

En ese contexto la presente iniciativa es procedente, atendiendo a que, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto, obliga a las leyes, prever mecanismos de solución alternativos para la solución de los conflictos, por lo que la Ley Agraria, no puede ser la excepción.

Con base a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente:

Iniciativa de decreto que reforma la fracción vi), del artículo 185 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 185. El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones:

I. a V. ...

VI. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la aveniencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el cual deberá de cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia...

(...)

Artículos Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil catorce.

Notas

1 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, S. R. L., Novena edición, Argentina, 1976, tomo II, p. 674.

2 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Editora e Impresora Norbajacalifornia, México, 1974, p. 956.

3 http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/22/art/art 5.pdf

4 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., pp. 72 y 73.

Diputada María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica)
Diputada de representación proporcional por la quinta circunscripción, Michoacán. Es Secretaria de la Comisión de Vivienda e integrante de las de Ganadería y Salud.

 

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