Youtube Facebook Twitter Home
 

Trabajo en Comisión

MAR 2014

20

Discurso del Diputado Adolfo Orive Bellinger en reunión de la Comisión de Economía Ley Federal de Competencia Económica

Adolfo Orive Bellinger

En primer lugar quiero hacer de su conocimiento que estoy presentando ante esta comisión un voto particular respecto del DICTAMEN en discusión.
México no se está moviendo; y la aprobación del dictamen de la iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica hará que nos movamos aún menos.

Por supuesto que estamos a favor de medidas que erradiquen las prácticas monopólicas en los medios masivos de comunicación, en las telecomunicaciones o en el sistema ferroviario; pero extender a toda la economía una ley sustentada en términos tan nebulosos como barreras a la competencia o insumos esenciales es ir a contrapelo de los sistemas internacionales de competencia y, sobre todo, de cómo se ha desarrollado la economía capitalista de 1870 a la fecha.

Estamos de acuerdo en el esfuerzo realizado por el poder ejecutivo federal y el grupo mayor del Congreso de la Unión en volver a restituir la rectoría del Estado mexicano sobre el desarrollo nacional –mandatada por el artículo 25 constitucional-; rectoría que se había desvanecido no sólo en la economía sino también en la formación cultural de los mexicanos y hasta en su seguridad personal a favor de los poderes fácticos que empleando o no prácticas monopólicas han estado conduciendo los pasos de la nación mexicana y de sus habitantes desde 1980.

El problema que tenemos hoy es que se enfrentan dos concepciones contrarias de cómo conducir la economía: una, la sustentada en el desarrollo de la productividad como lo muestra el desarrollo del capitalismo desde el siglo XIX y de los países emergentes en los últimos sesenta años –que prevén los artículos 25 y 26 de la constitución-; y la otra, neoliberal, que tiene a la economía del país postrada y que se sustenta en los supuestos de la libre competencia –que entre paréntesis jamás se han dado en la historia, que son abstracciones ideológicas- y que de aprobarse reglamentará el artículo 28 de la Carta Magna.

En todo el orbe la legislación antimonopolios coexiste con otros esquemas nacionales de regulación económica.

La Ley Federal de Competencia Económica encarna una preferencia por las fuerzas del mercado y una supervisión limitada del gobierno en la economía; realidad que ya demostró su fracaso a nivel internacional con la crisis 2007-2009 y con el reducido crecimiento de la economía mexicana de 1980 a la fecha.

En esta tesitura, la Iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica conlleva, a grandes rasgos, una contradicción principal que tiene que ver con el modelo económico que la sustenta y que debe ser revisado y modificado para cuidar que no se atente contra la productividad y el crecimiento económico del país, que son las principales problemáticas de nuestra economía como lo señaló el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto, en su intervención durante el foro de consulta “México Próspero” del jueves 9 de mayo de 2013:

“México merece transitar por la ruta de la prosperidad. Para ello su economía debe crecer, transformarse y democratizar sus beneficios…

El país tiene finanzas públicas sanas, un manejable nivel de deuda, un presupuesto con cero déficit fiscal, una política monetaria responsable y autónoma, orientada a mantener una baja inflación, reservas internacionales adecuadas, así como un tipo de cambio flexible… [Al mismo tiempo] en las últimas tres décadas, de 1981 a 2011, el país sólo creció anualmente al 2.4 por ciento. Otras Naciones, como Chile y Corea, lo hicieron a tasas anuales de 4.9 y 6.2 por ciento, respectivamente… una de las principales razones de este insuficiente crecimiento… es la baja productividad de nuestra economía… desde inicios de los años 80 a la fecha, la productividad de México se redujo… 0.7 por ciento anualmente... [La economía mexicana requiere tener como] objetivo crecer más, a partir de incrementar y democratizar la productividad…”.

En los mismos términos, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Doctor Luis Videgaray Caso, en su alocución ese mismo 9 de mayo en el foro de consulta “México Próspero” señaló que:

“Si queremos crecer, si queremos elevar el nivel de vida de la población… debemos atender el enorme reto de la productividad… no hay indicador económico más importante para explicar el desempeño de los países que han podido superar la pobreza de manera sostenida que el de la productividad. Y, desafortunadamente, en México tenemos mucho qué hacer en materia de productividad… Entre 1950 y 1980, la productividad en México creció de manera muy sostenida, sin embargo, desde 1980 a 2010, la tasa de crecimiento anual promedio de la productividad es negativa. Esto es un dato dramático, que explica por qué México a pesar de tener una economía estable, con una posición geográfica privilegiada, con recursos humanos, con recursos naturales no está creciendo al nivel que debería crecer y no está generando los empleos bien remunerados que necesitamos en todo el país, en el campo y en las ciudades…
[La productividad] no solamente es un concepto económico. Es un concepto con una profunda dimensión social. Es el único instrumento capaz de lograr abatir los niveles de pobreza en cualquier economía, incluyendo la mexicana… [Debemos] trabajar diferente, hacer las cosas de una manera que nos permita hacer más con nuestro trabajo y con nuestros recursos. Significa aprovechar mejor las cosas.

Y para ello, necesitamos tener nuevos procesos, distinta tecnología, infraestructura, conocimiento, insumos baratos. Todo ello implica que debemos hacer transformaciones profundas a la estructura de la economía”.

En efecto, la iniciativa del ejecutivo sobre competencia económica implica varias contradicciones con: 1) los postulados económicos contenidos en el artículos 25 constitucional; 2) el comportamiento real de la economía capitalista de 1870 a la fecha; 3) la forma de hacer negocio de las empresas, y 4) la estrategia de desarrollo económico que ha puesto en marcha el gobierno de la república en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Especial de Democratización de la Productividad. A continuación destacamos algunas de las características de estas cuatro contradicciones.

1. Contradicción con los postulados económicos contenidos en el artículo 25 constitucional .

• La iniciativa de ley pretende convertir un supuesto derecho a la libre concurrencia en el objeto de la ley, haciendo que la reglamentación de lo expresado en el artículo 28 constitucional , que busca normar la competencia económica, entre en contradicción con lo señalado en el artículo 25 constitucional; en lugar de que sea un medio más para el desarrollo nacional establecido en el artículo 25.

• La iniciativa de ley rompe el precario equilibrio entre los dos artículos constitucionales referidos toda vez que supone que la libre concurrencia está por encima de la rectoría del estado, ya que pretende hacer principal la protección de la libre concurrencia de las empresas (libertad negativa) más que la formación de condiciones y capacidades para un ejercicio pleno de la libertad de las mismas (libertad positiva), que es función de la rectoría estatal.

• Ante la contradicción en términos de la concepción de la economía, ¿cuál de los dos artículos constitucionales tiene mayor importancia?

• El artículo 28 constitucional otorga a la Comisión Federal de Competencia Económica facultades para ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y libre concurrencia, regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos. Por otra parte, el artículo 25 constitucional promueve la competitividad con base al incremento de la productividad que, en los mercados globales actuales, se logra con economías de escala, es decir, mediante la integración de cadenas de valor de MIPyME´s con grandes empresas tractoras, mediante la innovación, el desarrollo tecnológico y organizacional y, por supuesto, la formación de empresas que tiendan a ganar cada vez un mayor porcentaje del mercado. Por ejemplo, la historia exitosa, en muchos sectores económicos de las naciones emergentes en los últimos 60 años –como Japón, Corea del Sur y China- ha consistido en apoyar la concentración de recursos en la economía doméstica para permitir que sus keiretsu, chaeboles y “grandes empresas campeonas nacionales”, respectivamente, puedan ser competitivas en los mercados globalizados que incluyen a sus propios mercados domésticos.

2. Contradicción de las propuestas contenidas en la iniciativa de ley con el comportamiento real de la economía.

• La iniciativa de ley no considera las condiciones que hasta ahora han mantenido estancado el crecimiento económico, que han ampliado la informalidad y profundizado la pobreza; condiciones que no corresponden a una ausencia de libertad de competencia económica sino a un decrecimiento de la productividad anual desde 1980, a una tasa de -0.7%.

• La iniciativa de ley supone que el bienestar de los consumidores se alcanzará protegiendo la libre concurrencia en los mercados, sin considerar que es el desarrollo de la producción mediante el incremento de la productividad lo que eleva de manera sostenida el ingreso de las personas y, por lo tanto, el consumo y las posibilidades de elección de los consumidores, más allá de la garantía de libre competencia económica.

• La iniciativa de ley no toma en cuenta que el desarrollo de la economía capitalista, al contrario de lo que enseñan los libros de texto que ilustraron a quienes la redactaron, ha conducido desde 1870 a la fecha –es decir desde la segunda revolución industrial- al oligopolio, a las barreras de entrada y a la competencia imperfecta o llamada también competencia por méritos.

Por cierto, las barreras de entrada, término usado en las leyes internacionales no tiene nada que ver con el término nebuloso de barreras a la competencia que no existe ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea. Como ya se mencionó más arriba, una barrera a la competencia –como un desarrollo tecnológico- no es en sí misma un hecho que exprese una conducta anticompetitiva.

Las barreras de entrada a un mercado en otros sistemas internacionales no constituyen un abuso de dominancia o de poder de mercado. Sin embargo, con la Ley de Competencia Económica en comento, empresas eficientes y productivas pueden ser penalizadas por emprender acciones totalmente acordes con la eficiencia económica y las leyes internacionales que le permitan tener un mayor porcentaje del mercado. El mismo criterio se aplicaría al concepto inexistente fuera de México (salvo más o menos algo semejante en Gran Bretaña, Grecia e Israel) de insumos esenciales, que bien puede existir producto de una innovación.

En el mundo las leyes de competencia económica están sustentadas en meritos y por lo tanto incentivan a las empresas a que sus porcentajes de mercado crezcan, en lugar de coartarles ese incentivo como lo plantea la ley en comento. Las leyes de competencia basada en méritos incentivan a las empresas a que crezcan mediante operaciones más eficientes, inversión en mejor tecnología e innovación; así como en otros comportamientos pro-competitivos.

En Estados Unidos y la Unión Europea, la posición dominante de una empresa no es, en sí misma, prohibida y, por lo tanto, no es una violación a la ley de competencia, porque ésta se sustenta en los méritos realizados por la empresa para llegar a la posición donde está.

Para invertir en investigación y desarrollo, nuevos proyectos y nuevos medios de producción –todos ellos ingredientes de una competencia basada en méritos- las empresas necesitan estar seguras de que un simple “indicio” –término totalmente subjetivo- no va declarar anticompetitivas sus acciones y por ello vayan a desincorporar sus activos.

• En este escenario, la llamada libre competencia no favorecerá más que a las importaciones, lo cual continuará desplazando a las MIPyME’s, perdiendo fuentes de empleo y socavando el mercado interno; además de agravar la balanza comercial: el problema que desató la crisis de 1982.

3. Contradicción de las propuestas contenidas en la iniciativa de ley con la forma de hacer negocio de las empresas.

• El planteamiento teórico de la libre competencia en el modelo de economía actual supone condiciones iguales para todas las empresas, pero en la realidad no se da la libre competencia porque en ningún mercado se presentan empresas en condiciones iguales. La libre competencia es una abstracción teórica que jamás se ha dado en la realidad, en ningún mercado ni en algún país. La tarea no es quitar obstáculos para que se dé la libre concurrencia sino incrementar las capacidades tecnológicas y organizacionales de las unidades económicas –i.e. de los agentes económicos-; sobre todo de las MIPyME´s e incluso de algunas unidades grandes que en algunos sectores no lo son suficiente para competir en los mercados globales. Aún en Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno ayudó de varias formas a la constitución de grandes corporaciones a finales del siglo XIX, véase el libro de Alfred Chandler (Harvard, 1994) intitulado “Scale and Scope. The Dynamics of Industrial Capitalism”; así como el libro de Peter Nolan (Palgrave, 2001) “China and the Global Business Revolution”. Ambos libros, entre muchos otros, hablan del papel de las grandes empresas en el desarrollo económico de la 2ª y 3ª revoluciones industriales. La promoción, creación y desarrollo de grandes empresas no significa, a fuerzas, la creación de monopolios, pero sí significa la concentración de recursos, incluso mediante la formación de clusters y de cadenas de valor.

• Existen enormes asimetrías entre las MIPyME’s y las grandes empresas (sean nacionales o extranjeras) que les permiten capitalizar de manera distinta las oportunidades y los espacios en los mercados. Por eso el principal trabajo para incrementar las capacidades tecnológicas de las MIPyME’s es complementar estas capacidades con el mejoramiento de sus capacidades organizacionales concentrando recursos en clusters y cadenas de valor articuladas a grandes empresas tractoras. No se logrará desarrollar la economía desincorporando los activos de las grandes empresas tractoras para que en los mercados domésticos –ya globalizados- los mexicanos compitamos con puras MIPyME’s contra los grandes conglomerados internacionales.

• La iniciativa de ley no toma en cuenta que las grandes empresas están conformando grandes conglomerados de pequeñas empresas a lo largo de sus cadenas de valor -desde la proveeduría hasta la distribución- (supply-chaining), utilizando prácticas generalizadas globalmente como la subcontratación (outsourcing); traslado de empresas o segmentos (offshoring); empresas especializadas en la logística -BPO- (insourcing). Con base en todo ello se ha generado el concepto de valor compartido completamente contrario a la libre concurrencia que plantea la iniciativa de ley.

• El alto nivel de fracaso de las MIPyME’s (de las 200 mil empresas que anualmente abren sus puertas en México, solamente 35% sobreviven más de dos años) no se debe a la existencia de barreras a la competencia y estancos a la libre concurrencia, se debe a la falta de políticas para elevar su productividad. Las MIPyME’s deben desarrollar sus capacidades tecnológicas junto con sus capacidades organizacionales para tener éxito. Y ello requiere de grandes empresas (que no ejerzan prácticas monopólicas) en la mayoría de los sectores económicos.

• Para elevar la sobrevivencia y la productividad de las MIPyME’s, se debe emprender un amplio proceso para integrar en las cadenas productivas nacionales e internacionales al mayor número posible de MIPyME’s organizadas en clusters de proveedoras y distribuidoras de medianas y grandes empresas, instaladas en territorio nacional. Integrando a las MIPyME’s a las cadenas productivas, las grandes empresas tractoras asumirán su capacitación de manera continua en materia tecnológica (incluido uso de tic’s), organizacional, mejores prácticas de gestión y de acceso al crédito; y les podrán dar certeza en la comercialización sostenida de sus bienes y servicios, que es uno de los problemas actuales fundamentales.

4. Contradicción de las propuestas contenidas en la iniciativa de ley con la estrategia de desarrollo económico que ha puesto en marcha el Gobierno de la República.

 Como lo ha señalado el Gobierno de la República, el problema para
alcanzar un crecimiento económico sostenido (por ejemplo del 6% anual), que genere los empleos y los beneficios suficientes para reducir los actuales niveles de pobreza es el decrecimiento de la productividad y no los obstáculos a la libre concurrencia.

• Por ello, en el Plan Nacional de Desarrollo se ha establecido como objetivo y primer eje transversal de la política pública: elevar y democratizar la productividad; no promover la supuesta “libre concurrencia”.

• Existe una gran heterogeneidad en los niveles de productividad de las empresas, cuya solución tiene que ver con la formación tanto de capacidades emprendedoras como de capacidades tecnológicas y organizacionales en las MIPyME’s; y luego integrarse en cadenas de valor con grandes empresas tractoras. Entonces sí, la supuesta “libre concurrencia” les permitirá ser más competitivas”.

• La lucha por impulsar la competencia económica pasa primero por reducir las brechas de productividad, por democratizar la productividad.

• Para promover la competencia económica el problema no es la existencia de barreras a la competencia y estancos a la libre concurrencia, el problema es la falta de productividad y, por ende, de competitividad. Y de esto tratan los artículos 25 y 26 de la Constitución, así como el proyecto de ley reglamentaria presentado por la Comisión de Competitividad hace ya 10 meses.
Diputado de representación proporcional por la cuarta circunscripción, D.F. Es Presidente de la Comisión de Competitiviad, Secretario de la de Trabajo y Previsión Social e integrante de las de Desarrollo Rural y Economía.

 

Conoce su trabajo legislativo:

ÚLTIMAS INTERVENCIONES DEL GPPT