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Trabajo en Comisión

MAR 2014

10

Versión estenográfica del Diputado José Alberto Benavides Castañeda, con respecto del posicionamiento por parte del Partido del Trabajo en la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y del Procurador General de la Republica.

José Alberto Benavides Castañeda

Buenas tardes, Emilio Lozoya Austin, Director de Petróleos Mexicanos, Señor Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, sean ustedes bienvenidos. Compañeras y compañeros diputados.

Es evidente que los desafíos a los que se enfrenta el sector energético en nuestro país son los más grandes de la historia reciente. En diciembre pasado se aprobó de manera autoritaria una reforma que lejos de atender los problemas más serios de Petróleos Mexicanos, se limitó a permitir la apertura de un sector en el que existen un gran número de incidencias llenas de vicios ocultos; una reforma que implicará obediencia del gobierno hacia las grandes compañías petroleras extranjeras, anulando la conquista lograda con la expropiación de 1938, sometiendo nuevamente el poder público a las disposiciones que opten las empresas extranjeras en materia de producción, comercialización y transporte de nuestros recursos energéticos.

La situación de Petróleos Mexicanos en lo referente a temas de corrupción, transparencia y rendición de cuentas es sumamente desalentadora ocasionando graves daños a los recursos disponibles en nuestro país.
De acuerdo al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 realizado por la Auditoría superior y entregado hace apenas unos días a esta Honorable Cámara, se realizaron a Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios un total de 65 auditorias, dejando como resultado 264 observaciones lo que representa casi 4 observaciones por auditoría, siendo uno de los promedios más altos entre las entidades fiscalizadas.

En uno de los resultados relevantes de las intervenciones de la Auditoría Superior de la Federación, se destaca que en Pemex Exploración y Producción existen evidentes debilidades en las prácticas para la contratación de obra pública, específicamente en los proyectos de mantenimiento e inspección de ductos para el transporte de hidrocarburos en cuyos casos existen casos por pagos improcedentes que ascienden a cientos de millones de pesos.

Lo anterior es el reflejo de los malos manejos administrativos de Petróleos Mexicanos, y si bien estos datos le corresponden en su mayoría a la anterior dirección, es evidente que el problema de Pemex es parte de un sistema descompuesto en el área de gestión administrativa, lo que evidentemente afecta a la parte técnica y operativa al no existir una visión estratégica en términos de eficiencia y soberanía, sino una visión más apegada a intereses personales.

El caso de Oceanografía es un caso más que sale a la luz, más por cuestiones políticas que como resultado de investigaciones responsables en un sector considerablemente estratégico para México.

Como ya se mencionó, en ocho auditorías realizadas a las cuentas públicas de 2005 a 2012, el órgano fiscalizador halló irregularidades en nueve contratos otorgados por Pemex a la empresa que hoy es investigada por fraude y lavado de dinero y simplemente no se hizo nada. No es una cuestión de si han afectado deliberadamente los números para inculpar a la administración pasada, como lo han señalado algunos compañeros diputados, las irregularidades dentro de la paraestatal, o ahora Empresa Productiva del Estado, han existido desde hace décadas y no reconocerlo sería dar un paso más hacia atrás.

Respecto a este caso esperemos que la información que se reservan y que clasifican como confidencial no sea de carácter permanente y se informe a detalle y de manera oportuna, no como lo han hecho con otras investigaciones anteriores en las que no han dado los resultados correspondientes.

El tráfico de influencias que esta tan presente, no solo en Pemex sino en prácticamente todas las áreas en las que se lleve a cabo algún contrato y licitación en nuestro país, involucra tanto a funcionarios como a empresarios. No es ningún secreto que las empresas asociadas con ex funcionarios del sector energético están insertas de manera profunda en Pemex. Aún antes de ser aprobada la reforma constitucional, algunas de estas compañías consiguieron contratos que les permitieron acceder a información de la petrolera, considerada por especialistas como un activo tan valioso como las reservas.

El problema continuará de no asumir con responsabilidad las medidas de prevención y de sanción que erradiquen la corrupción y que garanticen la transparencia. Esto lo decimos porque es una práctica común en el sector de llevar a cabo adjudicaciones directas caracterizadas por la opacidad, así como la publicación de bases a modo para que se le otorgue un contrato determinado a una empresa especifica, por lo que no sorprende que en muchos de los caso solo una empresa participe en el proceso.

En la exposición de motivos del dictamen de la reforma energética que aprobaron, ni si quiera se analizó como parte de la problemática que enfrenta tanto Pemex como en general el sector energético del país el problema de la corrupción, ignorando que en México las empresas mexicanas gastan aproximadamente 10 por ciento de sus ingresos en actos relacionados con la corrupción, mientras que más del 44 por ciento de las industrias realizan pagos a funcionarios públicos de los tres órdenes del gobierno para poder funcionar, esto de acuerdo a un estudio realizado por la COPARMEX.

Con la reforma energética se podrán realizar, entre otros, contratos de utilidad compartida, lo que consideramos un esquema riesgoso y sensible a la corrupción, ya que en un proyecto determinado un funcionario podría avalar costos sumamente altos que impliquen utilidades muy bajas o inexistentes con lo cual no existiría utilidad para compartir. Esto es una posibilidad real y existen casos concretos en el mundo como el de Kazajistán en donde no se vieron beneficios por la apertura, debido en gran medida a la falta de estrategia y a la alta corrupción. Es decir, existe un riesgo evidente y alto con la apertura dadas las condiciones actuales.

En la reforma, se menciona en el noveno transitorio que se establecerán mecanismos que garanticen la máxima transparencia, pero no menciona nada de cómo atacar la corrupción y la impunidad.

Nosotros desde la izquierda, no hemos dejado de creer en Pemex, en lo que hemos dejado de creer, es en las administraciones que han llevado a Pemex a perder ventajas comparativas claves en el sector de hidrocarburos. No consideramos prudente responsabilizar la pérdida de productividad de nuestra paraestatal más importante al hecho de que nos encontramos en un sector que ha cambiado por cuestiones de innovación tecnológica, por agotamiento de yacimientos de fácil explotación o por falta de recursos. A quien debemos responsabilizar es a quienes estando a la cabeza de Pemex, no han tomado las medidas pertinentes para llevar a cabo innovaciones e inversiones adecuadas y que además han permitido ilícitos sin que existan consecuencias graves y ejemplares.

Es de suma importancia conocer bajo qué condiciones y bajo qué esquema administrativo y de gestión Pemex puede reducir actos de corrupción, así como tener información sobre cuánto le cuesta a Pemex estos actos de corrupción en la actualidad. Ojala que a lo largo de sus intervenciones nos puedan hacer comentarios precisos sobre estos temas. Muchas gracias.
Diputado de mayoría relativa por el Distrito 20, Iztapalapa, D.F. Es secretario de la Comisión de Energía e integrante de las de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y del Distrito Federal.

 

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