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Trabajo en Comisión

FEB 2013

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VERSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN TRIBUNA DE LA DIPUTADA LORETTA ORTIZ AHLF, AL PRESENTAR INICIATIVA DE LEY PARA REFORMAR EL ARTÍCULO TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Loretta Ortíz Ahlf

Compañeras diputadas, compañeros diputados.
La iniciativa tiene como propósito reformar el artículo décimo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla-Pacheco contra México, la cual marcó un antes y un después en materia de Derechos Humanos para nuestro país. El Poder Judicial de la Federación ha realizado importantes avances en el cumplimiento de las obligaciones a que fue condenado el estado mexicano. Sin embargo corresponde al Poder Legislativo atender específicamente a los puntos resolutivos de dicha sentencia y de esos puntos el décimo y el undécimo que señalan a la letra:

“El Estado deberá adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con las estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos en los términos de los párrafos 337 a 342 de la presente sentencia, décimo primera el Estado deberá adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en los términos de los párrafos 343 a 344 de la presente sentencia”.

Sin embargo a más de tres años El Congreso Mexicano no ha sido capaz de cumplir en los términos con responsabilidad la sentencia y continúa desacatando resoluciones internacionales vinculadas plenamente para nuestro país, particularmente lo relacionado con el fuero militar resulta preocupante, en un país que ha militarizado las funciones policiacas, siguen ocurriendo violaciones a manos de miembros del ejército y el legislador federal no pone orden en el marco jurídico nacional para acotar de una vez y para siempre el fuero militar.


Importantes constitucionalistas han planteado la necesidad de poner fin al fuero militar y que sus competencias pasen a formar parte del Poder Judicial de la Federación entre ellos el Magistrado del Tribunal Electoral, Manuel González Oropeza, concretamente propone lo siguiente: La solución ideal sería la absorción de los tribunales militares en el Poder Judicial Federal y la reducción a consejos de guerra en el caso de una guerra o una situación formalmente declarada de emergencia. Los delitos deben ser encauzados por los tribunales ordinarios como todos los servidores públicos y demás habitantes del país están sometidos todo ello para respetar el ideal de igualdad ante la ley base del liberalismo mexicano.

Otros académicos han criticado la regresiva iniciativa presentada por Felipe Calderón, señalando claramente que algunas de las propuestas resultan violatorias a la Constitución. Además en algunos casos se señala que el militar que comete alguno de los tres delitos: violación, desaparición forzada de personas y tortura estará en una prisión militar y no civil. Se pretende también que la policía ministerial militar tenga facultades para entrevistar a testigos útiles para descubrir la verdad, realizar todo tipo de detenciones, inspecciones personales, recoger todo tipo de objetos que tengan en su poder, situaciones que hoy las pueden hacer siempre y cuando los militares se encuentren acompañados por autoridades civiles y a solicitud de estos últimos.

Por todo lo mencionado resulta necesaria una iniciativa que esté vehemente comprometida con los derechos humanos para reinterpretar el marco constitucional en materia del fuero militar, sería un grave error y un atentado a los Derechos Humanos que el Congreso dictaminara favorablemente la Iniciativa Presidencial de Felipe Calderón Hinojosa que ha sido criticada por los teóricos del derecho como hemos visto, pero incluso por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresamente señaló en sentencias condenatorias contra el Estado Mexicano:

“En resumen es jurisprudencia constante de esta corte que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y en su caso juzgar y sancionar a los autores de las alegadas vulneraciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria”.

Queda evidenciado que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en caso de aprobarse la iniciativa de Felipe Calderón únicamente transfiere al fuero civil los casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, con lo cual el Estado Mexicano continuaría con la violación de la convención interamericana de

Derechos Humanos, ahora bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el artículo 57 fracción Segunda Inciso A del Código de Justicia Militar resulta anticonstitucional, ninguna propuesta en la materia puede ignorar esta decisión pero si puede ampliar la protección a los Derechos Humanos. Si bien el propósito de la SCJN y de la CIDR es juzgar en el fuero civil a los soldados que cometan delitos contra civiles, esto puede darse también por medio de la desaparición del fuero militar.

La iniciativa pretende, si tengo la suerte de que se acepte, reformar el artículo Décimo Tercero de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos: Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar de más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por ley, queda abolido el fuero militar, únicamente durante los periodos de guerra declarada por el Presidente de la República con la autorización del Congreso de la Unión podrán funcionar tribunales integrados por militares para juzgar delitos y faltas directamente relacionados con la disciplina militar de conformidad con el Código de Justicia Militar, dichos tribunales en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército si importar que se trate del sujeto activo o pasivo del delito, cuando en un delito o falta estuviese involucrado un paisano conocerá el caso la autoridad civil que corresponda.

Muchas Gracias por su atención, es cuanto señor Presidente.
Diputado de representación proporcional por la cuarta circunscripción, D.F. Es Secretaria de las Comisiones de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores e integrante de la de Asuntos Migratorios.

 

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