Youtube Facebook Twitter Home
 

Trabajo en Comisión

SEP 2014

29

Versión Estenográfica del Diputado Alberto Benavides Castañeda en el marco de la Comparecencia de la Secretaría de la Función Pública

José Alberto Benavides Castañeda

El respeto a la legalidad en la comisión pública debe de conducir a la creación, tanto del espacio político y operativo, así como a la legalidad de la participación de los ciudadanos en los procedimientos relativos al servicio público.de esta manera será posible concebir el interés particular como el bien común.

Los problemas de rendición de cuenta, de transparencia y del funcionamiento de los servidores públicos, se derivan generalmente por dos causas principales, por un lado los que vienen de vacíos ambigüedades en existencias en el marco legal y regulatorio de disposiciones sobre las funciones de los servidores públicos y la operación de los programas, y por el otro lado de insuficiencias o debilidades en la coordinación intergubernamental interinstitucional.

Lo anterior como ya lo han expuesto a diversos críticos de estos temas deriva en un entramado normativo y organizacional en ocasiones contrapuesto y contradictorio.
En nuestro país aún no existe una cultura y práctica institucional de la legalidad ni de la rendición de cuentas con el alcance requerido para impulsar el desarrollo de gestiones públicas más transparentes y más efectivas, resulta evidente que para solucionar un problema es necesario primeramente identificarlo, cuantificarlo, conocer las consecuencias y atender el origen de este. En ese aspecto consideramos que el gobierno federal en su conjunto y en su dirección han fallado al no tener claridad y firmeza frente ante la situación actual al no usar los mecanismos adecuados que limiten el mal actuar de los funcionarios.

La participación ciudadana es sin duda una pieza fundamental en el desarrollo de la cultura de la legalidad y desafortunadamente los esfuerzos destinados a este aspecto no han sido lo suficientes, de acuerdo al informe presentado sólo el 34 por ciento de las instituciones de la administración pública federal cuentan con algún órgano de consulta a la sociedad. El resto, es decir 137 de las 208 instituciones a las cuales aplica la estrategia de participación ciudadana no tienen ni siquiera una opción que de entrada a la participación de la ciudadanía.

Por otro lado durante el período de septiembre de 2013 a junio de 2014, el seguimiento de las auditoría registradas por los órganos internos de control en sus programas anuales de auditorías se determinó una falta de cumplimiento en la realización de las auditorías programadas de 25.8 por ciento, en este mismo periodo los órganos internos de control promovieron la recuperación de recursos que resarcieron daños patrimoniales por un total de tres mil setenta y cuatro punto tres millones de pesos sin en el informe se detalle cuál es el potencial de recuperación total, para que con ello sea posible determinar la eficiencia en la recuperación.

Respecto a la evaluación de la gestión institucional, sólo se menciona una descripción del informe sin mostrar resultados específicos, siendo que esta evaluación es útil para poder diagnosticar la situación de la gestión en la función pública.

Se muestran los indicadores del programa operativo anual del servicio profesional de carrera de la secretaría, el cual muestra resultados desalentadores, en el apartado de capacitación y certificación sólo el 30 por ciento de los servidores públicos de carrera titulares certifican la totalidad de sus capacidades profesionales asignadas al puesto que ocupan, respecto a los indicadores de desarrollo profesional se omite la información relativa a los porcentajes de trayectoria de ascenso y promoción autorizados, así como de planes de carrera aprobados, siendo estos elementos razones importantes que justifican el servicio profesional de carrera.

De los resultados de auditorías practicadas durante el período octubre de 2013 a junio de 2014 destacan la insuficiencia del alcance en la fiscalización por parte de los órganos internos de control en las actividades sustantivas de las dependencias y o entidades.
Al mismo tiempo preocupa el rezago en la atención del cliente de quejas y denuncias en virtud del alto volumen de asuntos a investigar en relación a la plantilla de personal con que se cuenta. Respecto a este tema cabe comentar en la propuesta de presupuesto de egresos que fue enviada por el ejecutivo de esta Cámara de Diputados, el presupuesto de la secretaría de la función pública se incrementó en menos de medio punto porcentual, exactamente en un punto 34 por ciento.

A pesar de que se reconoce la falta de personal por parte la secretaría, lo cual se agrava considerando que con los cambios que se ha traído la reforma energética y que ha privatizado el sector, existirá un aumento en la carga de trabajo, específicamente en el instituto de administración y avaluaos de bienes nacionales, el cual será el encargado de realizar las evaluaciones relativas a los proyectos de explotación de hidrocarburos que quieran realizar los privados, tal y como se menciona el artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos.

En caso de no poder realizar en tiempo los avalúos o que estos deriven inconformidades, se dará paso a la constitución de servidumbres legales, lo que afectará directamente y de manera negativa a los propietarios de las tierras susceptibles a ser explotadas.
En otro tema es inaceptable que se plasmen en el informe que la contraloría interna lleve a cabo la investigación de quejas y denuncias bajo un sistema eficaz y eficiente de los hechos denunciados y determinaciones, respecto a las conductas irregulares de los servidores públicos cuando el porcentaje de asuntos concluidos por quejas y denuncias de apenas el 24 porciento.

Es evidente que la corrupción y la falta de transparencia no se solucionan por el simple hecho de decir en organismos internacionales que existe compromiso de atender el problema o con presentar iniciativas que no sean atendidas. Se solucionan cuando se toman medidas drásticas que impliquen responsabilidades directas que vayan al origen que ocasiona la corrupción.
Es de gran relevancia profundizar en el estudio el sistema de responsabilidades de los servidores públicos en cuanto a su eficacia jurídica y política ante la corrupción, es responsabilidad del gobierno y de todos aquellos que participamos en un cargo público hacer conciencia del problema y buscar soluciones congruentes.
La corrupción no sólo es un problema de leyes, existen factores sociales, políticos económicos, culturales y éticos que también deben de ser atendidos, por consecuencia la gestión pública debe de buscar el camino a la eficacia, la eficiencia, la calidad, la honestidad, la modernidad de los procesos y la moralidad de sus trabajadores, debe de parar el manejo actual que se le da a los puestos para servidores públicos, el cual lo han hecho en los últimos años un mercado más, en donde todo se mide en sentido oneroso y no en sentido honorable.

Terminó es una exigencia de la sociedad que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito, la implantación del servicio profesional de carrera es un elemento fundamental para fortalecer la institucionalidad democrática del país, por lo que no se puede seguir cayendo en simulaciones de concurso o condiciones al modo de un poderoso designio.
En un modelo de estado en donde se ha confundido la modernidad con la sesión de lo público a lo privado, la voluntad y la participación ciudadana deben de encontrar en los mecanismos de confianza elementos que permitan la creación de nuevas alternativas que den sentido al orden social.

En mi partido, el PT, tenemos como principio fundamental promover e incidir en que estos mecanismos funcionen y es por ello que presionaremos por los medios legislativos políticos y sociales para lograrlo, en el entendido de que la corrupción no lo producen solamente los individuos sino los procesos administrativos sistemáticos. No basta con perseguir corruptos sino también las causas que dan lugar a los hechos.
Muchas gracias por su atención.
Diputado de mayoría relativa por el Distrito 20, Iztapalapa, D.F. Es secretario de la Comisión de Energía e integrante de las de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y del Distrito Federal.

 

Conoce su trabajo legislativo:

ÚLTIMAS INTERVENCIONES DEL GPPT