Tras la invalidación de la primera parte del “Plan B” de la Reforma Electoral, el diputado Benjamín Robles Montoya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), declaró que con esta resolución la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobrepasó sus atribuciones e invadió la soberanía del Congreso de la Unión.
Rechazamos categóricamente que este poder pretenda inmiscuirse en las facultades soberanas del Congreso e imponga un criterio más político que jurídico
El petista explicó que el Pleno máximo del tribunal no determinó la inconstitucionalidad de las reformas, si no que declaró la invalidez del “Plan B” por supuestas violaciones al proceso legislativo. “Esto significa que la Corte no resolvió que el fondo de las reformas aprobadas por el Congreso fueran inconstitucionales, sino que las invalidó por aspectos, según ellos, de mera forma”.
Asimismo, añadió que el criterio expresado por diversas Ministras y Ministros en el sentido de que hubo violaciones al proceso legislativo, es desinformado y podría sentar un peligroso precedente de intromisión del Poder Judicial en la soberanía del Congreso de la Unión, debido a que la dispensa de trámites es un recurso claramente contemplado en el Reglamento de la Cámara de Diputados, y que para que sea procedente debe ser aprobado por el Pleno, tal como sucedió.
“El sólo hecho de que la Suprema Corte pretenda calificar la decisión soberana de ambas Cámaras del Congreso para determinar si un asunto legislativo —que es de su exclusiva competencia— es de urgente resolución o no, constituye una inaceptable vulneración a la soberanía e independencia del Congreso por parte del Poder Judicial”, sentenció Robles Montoya.
Por otra parte, el legislador calificó como aberrante que la SCJN pretenda decir que se vulneró el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos de las minorías parlamentarias. “Basta leer la versión estenográfica de la sesión del 15 de diciembre para advertir que los partidos de oposición presentaron mociones suspensivas, posicionamientos generales y reservas con sus respectivas posturas, es decir, participaron activamente en la discusión del 'Plan B'. Este argumento es insostenible”.
Finalmente, el diputado manifestó que el GPPT respeta la ley y las atribuciones de la Suprema Corte como garante de la Constitución, “pero rechazamos categóricamente que este poder pretenda inmiscuirse en las facultades soberanas del Congreso e imponga un criterio más político que jurídico sobre cómo debe sustanciar sus asuntos internos”, concluyó.
