El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Alberto Anaya Gutiérrez, presentó iniciativa que reforma los artículos 9°, 102 y 124 de la Ley General de Educación, con el objetivo de que los incentivos económicos a docentes que den clase en escuelas dentro de localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, alta conflictividad social, rurales y en pueblos y comunidades indígenas, sean totalmente garantizados.
Indispensable asegurar que recurso destinado a la educación priorice equipamiento y acondicionamiento de escuelas en zonas aisladas, con más rezago y abandono escolar
De la misma forma, con la propuesta hecha por el dirigente petista, se busca asegurar que, con los recursos federales destinados a la educación, se priorice a las escuelas que tengan más necesidades, así como equipar y acondicionar a las que se encuentran en los lugares más remotos y con grandes problemáticas por resolver como son el rezago y abandono escolar y coadyuvar en el progreso con equidad e inclusión en dichas localidades.
El líder de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, ahondó en la trascendencia de garantizar condiciones óptimas para que la labor docente se pueda ejercer sin las limitaciones de las zonas vulnerables, toda vez que es preciso combatir la desigualdad que fomentaron los gobiernos neoliberales que antecedieron a la Cuarta Transformación (4T), sensibilizando y exponiendo lo que ignoraron.
Sostuvo la relevancia para el Estado mexicano de que el abandono escolar disminuya, así como el interés de que el derecho a la educación esté plenamente garantizado y que todas las niñas y niños adolescentes se reincorporen a una enseñanza de calidad, comandada por maestras y maestros reconocidos en su valiosa labor, misma que debe ser la llave del cambio que busca nuestra nación.
“Es claro que la niña, niño o adolescente que no tiene posibilidades de continuar sus estudios, aumenta su vulnerabilidad ante una sociedad desigual, por tal motivo, debemos impulsar mecanismos que garanticen sus derechos con profesores que hagan exigible su seguridad económica para que, a su vez, se haga exigible el derecho a la educación de este grupo en situación de fragilidad”, finalizó.
